¿Para qué participa si ya se sabe que no tiene ninguna opción de ganar las elecciones?, esa pregunta se hacen muchos al ver el entusiasmo con el que algunos candidatos se lanzan a los comicios, pese a que parecen condenados al fracaso.
Este estudio, realizado por Karin Tres y Javier Fortín para el medio digital Plaza Pública, entraña alguna respuesta a esa interrogante. Los investigadores analizaron qué había pasado con los 27 mil 447 candidatos a cargos de elección popular de las pasadas elecciones y detectaron que, entre los derrotados (algo más de 23 mil 500), al menos 729 personas obtuvieron contrato en alguna de las 55 instituciones del Estado analizadas, en el año 2013. La cifra equivale al 3.1% o una de cada 32 políticos derrotados.
El hallazgo levanta sospechas acerca de la relación existente entre los candidatos derrotados, el partido que los impulsó (y sus dirigente locales, regionales o nacionales) y el gobierno. Resulta preocupante que personajes sin las capacidades técnicas accedan a puestos por sus relaciones políticas y que ya ahí, respondan a intereses particulares por lealtad o gratitud a quienes les consiguieron la posición.
Resulta difícil afirmar que esto efectivamente sucede con las personas identificadas en este estudio, pero lo cierto es que esa posibilidad existe en 729 casos.
A continuación, el gráfico que muestra el origen político de los candidatos derrotados en las elecciones pasadas que encontraron trabajo en la burocracia estatal.
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El Ministerio de Salud es la institución que concentra mayor número de posibles casos de "padrinazgo político". Tiene 270.
Le siguen el Congreso de la República,con 153 casos. La Corte Suprema de Justicia, con 59 casos y el Ministerio de Desarrollo, con 48. Finalmente se encuentra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con 38 casos.
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De los posibles casos de padrinazgo, 90 se refieren a candidatos a alcalde, 462 a síndicos y concejales, 18 a diputados al PARLACEN, y 159 a candidatos al Congreso de la República.
Es importante destacar que de los 22 departamentos, 176 casos se concentran en Guatemala. Le sigue el departamento de Alta Verapaz con 69 y Quetzaltenango con 43. Finalmente Huehuetenango con 41 y el departamento de Suchitepéquez con 40.
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¿Da una idea del total?
Plaza Pública analizó el personal contratado en 55 entidades del Estado. Se obtuvieron los datos para 64,029 servidores públicos. Se tomó en cuenta el personal supernumerario, el personal por contrato, el personal temporal, y por jornales en ministerios, secretarías, comisiones y entidades descentralizadas. La información proveniente de las instituciones acerca de sus servidores públicos fue en varios casos deficiente o incompleta, lo cual dificultó el análisis, igual que la transición que se dio entre la cédula de vecindad y el documento personal de identificación.
Esta información es tan solo una fracción de la necesaria para hacer un análisis más profundo del fenómeno. Un estudio más detallado exigiría más información tanto por el lado de la afiliación a los partidos políticos como de los trabajadores públicos.
En el primer caso, la información sobre quién está afiliado a un partido, que sería el siguiente paso obvio, está protegida por garantía de confidencialidad.
En el segundo, por ejemplo, no se cuenta con los datos de las 333 municipalidades del país que existían hasta 2011, fecha de las elecciones. Esos datos son cruciales ya que parece razonable pensar que el padrinazgo es más alto a nivel local, donde que se combina con el caudillismo.
Asimismo falta información de otras entidades del Estado y de organizaciones no gubernamentales por medio de las que se brindan servicios públicos, como en la extensión de cobertura de salud.
¿Qué entidades analizamos?
Asociación Nacional de Municipalidades, Comisión Portuaria Nacional, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, Comité nacional de alfabetización, Congreso, Consejo Nacional de Adopciones, Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, Contraloría General de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Defensoría de la Mujer Indígena, Dirección de correos y telégrafos, Dirección General de Aeronáutica, Dirección General de Caminos, Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección superior de Caminos, Empresa Portuaria Quetzal, Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto Guatemalteco de Turismo, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Nacional de Electrificación, Instituto Nacional de Estadística, Instituto Nacional De Sismología, Vulcanología, Meteorología E Hidrología, Instituto Previsión Militar, Ministerio De Ambiente Y Recursos Naturales, Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Registro de información catastral, Registro nacional de las personas, Secretaria Nacional De Ciencia y Tecnología, Secretaría Coordinación Ejecutiva Presidencia, Secretaria de Asuntos Agrarios, Secretaria de la Paz, Secretaria de las obras sociales de la esposa del presidente, Secretaria Ejecutiva Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, Secretaria General de la Presidencia, Secretaria Presidencial de la Mujer, Secretaría Privada de la Presidencia, Tribunal Supremo Electoral, Unidad de Construcción de Edificios del Estado, Unidad de Control y Supervisión de Cable, Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, Universidad de San Carlos de Guatemala
NOTA: Este trabajo es el resultado de una beca concedida a Enrique Naveda, coordinador general de Plaza Pública, por Transparencia Internacional Lituania.
Esta nota se publica en Soy502 como un esfuerzo colaborativo con el equipo de Plaza Pública para difundir temas que contribuyan al fortalecimiento institucional de la democracia en Guatemala.
