La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se opone a la nueva propuesta de ley de inversión. No veo que otros sectores se opongan, pero SAT se opone por las razones incorrectas. La oposición sí es correcta.
No digo que hay que oponerse a tratar de buscar inversión, como lo hacen algunos trasnochados que viven de actos de oposición por oponerse. La única manera de elevar el nivel de vida de todos es atrayendo grandes cantidades de inversión.
Pero la oposición de SAT resulta igualmente trasnochada, pues ellos se oponen porque creen que traerá un "hoyo fiscal". En parte tienen razón, pues la ley, como la presentaron, para variar, deja tales ámbitos de discrecionalidad que sí, causará agujeros fiscales y difícilmente traerá los niveles de inversión que el país necesita.
Estemos claros que no todo tipo de inversión es buena y que no es únicamente la carga de impuestos el detonante para obtener grandes cantidades de empresas y flujos de capitales. Tenemos problemas que impiden la inversión a largo plazo:
1. Procesos judiciales que no garantizan la certeza. Este tema nunca está sobre la mesa.
2. Infraestructura precaria. Malos puertos y aeropuertos, tomados por bandas cuasi delincuenciales en muchos de sus servicios.
3. Autoridades que con su visión de "el empresario es corrupto" alargan los trámites al correcto y se los facilitan a quien los muerde.
4. Costos de entrada enormes. La tramitología para lograr vender en Guatemala es interminable.
5. Altos costos de servicios para producción: energía eléctrica, agua, horarios de circulación, túmulos en carreteras...
6. Inseguridad. Alta incidencia de robos y asesinatos. Los niveles de criminalidad afectan tanto a vehículos de carga como a las personas.
7. Baja capacidad técnica y de la mano de obra, que no se resuelve graduando más bachilleres, por cierto.
Esos puntos son algunos de los que pueden ser tomados en cuenta por los inversionistas.
Ahora se busca incentivar en zonas específicas e industrias indeterminadas: es decir, con el uso de la arbitrariedad para decidir a quién sí y a quién no le toca el premio.
Teníamos incentivos a la exportación. Allí se metieron muchos productores finales, call centers, textileros, etc. Lo malo es que era para exportación.
Para eximir de impuestos, la única regla válida es la capacidad de pago: sin capacidad de pago, no hay tributos. Cualquier otra regla es privilegio.
Es así que SAT se opone a la ley, pero por las razones equivocadas. Se opone porque piensa que habrá menos recaudación y no llegará a "sus metas". Una ley de inversión, en el mediano plazo, elevará la recaudación total. Elevará el nivel de vida total.
Haría bien SAT en oponerse a la ley porque otorga privilegios a dedo, porque no es suficiente para atraer inversión. Pero se opone para que le den voz y voto en la arbitrariedad y porque habrá problema con sus metas de recaudación.
El problema nunca es el ingreso tributario, siempre es el gasto público y la falta de priorización que acusa dicho gasto.
Todos estamos de acuerdo con que la carga impositiva actual no atrae la inversión. No es el único factor, pero con todos los países latinoamericanos que están en condiciones similares, nuestra carga es altísima, individualmente considerada, no por "PIB", claro, que es la forma cómo el inversionista lo mide.
Con eso claro, una ley que simplemente reduzca el costo impositivo a un único impuesto, sin derechos arancelarios a nada, de un 15-18% por las rentas locales, de manera general, podría ser mejor salida que la dichosa ley...
