El último capítulo de esta telenovela costó Q1.5 millones. Eso tuvo que pagar la diputada de la bancada Líder, Julia Maldonado, para no dormir en una prisión de mujeres, luego de que un juez la dejara sujeta a proceso, acusada de malversar Q4 millones en el Consejo Nacional de la Juventud.
Esos fondos provenían de una donación de Q15 millones de la Unión Europea que denunció el mal uso de los mismos. El juez a cargo del proceso, José Eduardo Cojulum, resolvió que existían suficientes elementos para ordenar la prisión preventiva de la diputada por San Marcos, a quien la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad por decisión unánime en diciembre de 2012.
El juicio que se seguirá contra la congresista es el último episodio de un añejo enfrentamiento entre ella y la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti. La Secretaría de Control y Transparencia, adscrita a Baldetti, le puso el dedo a Maldonado por los Q4 millones que se esfumaron del Conjuve, cuando la parlamentaria dirigía esa entidad.
La legisladora no respondió desvaneciendo los cargos, sino solicitando la disolución de la Secretaría de Control y Transparencia, por medio de un recurso de inconstitucionalidad que ganó hace un año y a raíz del cual el ente consentido de Baldetti desapareció junto con sus 40 empleados.
A la fecha, la representante de San Marcos sigue sin explicar qué fue de los Q4 millones de fondos europeos, aunque varios reportes de prensa afirman que se utilizaron para cubrir gastos médicos de su prole. Lo que sí vocifera la congresista es que el pleito contra ella no se debe a esos "pecadillos" sino a la desaparición de la famosa secretaría, medida que enfureció a la Vicepresidenta.
La parlamentaria de Líder, que tras su paso por el gobierno ha encarnado una transformación digna del reality de los "extreme make overs", ha advertido en tono amenazante que al Partido Patriota sólo le quedan dos años y que al salir del poder, los papeles podrían invertirse y los jefes oficialistas de hoy encontrarse en el banquillo de los acusados.
Tal parece que en este pleito solo falta poner la piscina de lodo y ver si diputada y vicepresidenta se lanzan al mugrero agarrándose de la greña. Sin duda, la contienda está salpicada por antipatías personales y partidistas, pero no termina ahí. Dados los reclamos de la Unión Europea y la contundencia de los fallos judiciales, resulta evidente que la diputada debe entregar cuentas. ¿Pero quién se las pide? ¿La Vicepresidenta? Ajá...La sucesora de la Madre Teresa.
Mientras el conflicto se caldea entre estas dos mujeres, es una vergüenza y una lástima que ninguna entidad autónoma e independiente persiga de oficio a los funcionarios sospechosos de corrupción, sin distinguir cuán bien conectados están o qué banderas políticas ostentan. Si alguien hiciera ese trabajo, desde la Contraloría de Cuentas o desde el Ministerio Público, es probable que tanto la diputada Maldonado como la propia Vicepresidenta acabarían en algún juzgado, rindiendo declaración sobre los fondos que han estado a su cargo.
