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La jueza Sexto Suplente de Primera Instancia Penal, Melida Vásquez, resolvió ligar a proceso a los 11 implicados en el caso denominado "Negociadores de la Salud" pero envió a prisión preventiva solamente a dos de ellos.
Tras una maratónica audiencia de primera declaración, que se extendió por ocho días, Vásquez dictó auto de procesamiento contra los sindicados. Sin embargo, la juzgadora no favoreció, del todo, la imputación planteada por la Fiscalía.
Jueza define si otorga medida sustitutiva o envía a prisión preventiva a implicados en #CasoCorrupciónIGSS @soy_502 pic.twitter.com/P1aB6WjoVD
— Marcia Zavala (@MarciaZSoy502) noviembre 9, 2015Alejandro Toledo y Juan Pablo Muralles, quienes fungían como operadores de la estructura que operaba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fueron ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. Fueron también los únicos detenidos que deberán guardar prisión preventiva en el cuartel Matamoros.
La juzgadora determinó que existían indicios para adjudicar el delito de asociación ilícita a los médicos Roberto Estrada, Carlos Palma, Marcelo Noguera, Rodolfo Salvatierra, Hugo René Navas y Cesar Hernández. A los últimos dos también los ligó por el delito de cohecho pasivo.
#CasoCorrupciónIGSS| Jueza resuelve enviar a prisión preventiva a: Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán.
— MP de Guatemala (@MPguatemala) noviembre 9, 2015Rafael Arriaga, José Rodolfo Barrientos y Mateo Ramazzini deberán enfrentar a la justicia por asociación ilícita y en el caso del primero también por cohecho activo, en tanto que al segundo, se le agregó tráfico de influencias.
A excepción de Toledo y Muralles, todos los implicados recibieron medida sustitutiva por lo que deberán guardar prisión domiciliar y acudir a firmar cada ocho días el libro correspondiente.
Concluye la audiencia de primera declaración del caso #CasoCorrupciónIGSS @soy_502 pic.twitter.com/oxL3aT5Hu5
— Marcia Zavala (@MarciaZSoy502) noviembre 9, 2015Además, los nueve que no permanecerán en una cárcel durante las próximas semanas, deberán pagar una caución económica de 35 mil quetzales y evitar acudir a alguna de las sedes del Seguro Social o a una reunión con el personal del mismo.
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Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la Defensa, Vásquez también resolvió fijar en dos meses el plazo para que se concrete la presentación del acto conclusivo y dar lugar a la audiencia de fase intermedia que se realizará entre el 26 y el 28 de enero de 2016.
