La jueza Silvia de León envió a prisión preventiva a los 17 sindicados de un fraude millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cometido a través de la suscripción de un contrato anómalo con la Droguería Pisa para prestar atención médica para diálisis peritonial.
Las seis mujeres (cinco enfermeras y Julia Lotán de la Directiva) deberán permanecer en la cárcel de la zona 18 conocida como Santa Teresa. La mayoría de hombres ingresará a la cárcel militar Mariscal Zavala, donde se recluyen a los sindicados considerados de "Alto Riesgo" por sus cargos.
Uno de los detenidos, Herberth García Granados, guardará prisión en el cuartel de Matamoros. Entre tanto, el segundo vicepresidente de la Junta Directiva, Jesús Oliva, será recluido en el Hospital Roosevelt, por sufrir de un notable edema en una pierna.
Aunque la jueza en su expoción de motivos dijo en reiteradas ocasiones que no existía peligro de fuga para algunos, al filo de la media noche del martes 26 de mayo 2015 resolvió que todos los sindicados debían quedar presos.
La jueza dio un mes y medio de plazo al Ministerio Público para realizar la investigación. El día 27 de julio, la Fiscalía deberá presentar las pruebas del caso.
De León escuchó los alegatos de los abogados defensores quienes intentaron que todos sus patrocinados recibieran medida sustitutiva. Argumentaron, por ejemplo, que los miembros de la Junta Directiva del IGSS no se podían fugar porque eran cristianos y padres de familia.
"¿Para que son las medidas sustitutivas? Para gozar de ellas. No se pusieron ahí como adornos", señala abogado de Juan de Dios @soy_502
Los abogados defensores también intentaron apelar a la compasión de la juzgadora con el argumento de que la mayoría de procesados tenía hijos.
Entre los involucrados, se encuentra Juan de Dios Rodríguez, quien, durante las escuchas telefónicas presentadas por la fiscalía, fue identificado como JD y quien habría avalado el contrato de 116 millones de quetzales.
Molina Stalling, hijo de la magistrada de la CSJ Blanca Stalling, también fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilicita y cobro ilegal de comisiones.
El médico nefrólogo Arturo Castellanos, quedó ligado a proceso por asociación ilícita.
Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña Archila, representantes de la Droguería Pisa, quedaron ligados a proceso por cohecho activo y asociación ilícita.
En relación con las enfermeras que integraron la Junta Licitadora, la juzgadora explicó que fueron responsables al adjudicar un evento que no conocían. Resolvió ligarlas a proceso por el delito de fraude.
