El Organismo Judicial (OJ) destina personal para proteger la vida de algunos jueces que corren riesgo. Pero algunos de esos guardaespaldas denunciaron a uno de los funcionarios porque los obligaba a hacer “oficio” en su vivienda en vez de resguardarlo.
Se trata de Adrián Rolando Rodríguez Arana, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y conocido por restringir el acceso de los medios de comunicación a las audiencias que celebra.
El jueves pasado la CICIG y el Ministerio Público solicitaron una antejuicio contra Rodríguez por los delitos de prevaricato y denegación de justicia, pues habría archivado sin fundamento legal tres causas penales por defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria contra la entidad Aceros de Guatemala.
“Los agentes de seguridad expusieron que el juez los dejaba resguardando su hogar, donde les ordenaba realizar oficios propios del mismo”, se lee en el memorial que conocieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es decir que mientras el juez se trasladaba de un lugar a otro, los guardias se encargaban de los quehaceres de su casa.
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Fueron los mismos guardaespaldas quienes denunciaron a Rodríguez y por esa razón la Dirección de Seguridad Institucional del OJ decidió suspender las medidas de protección otorgadas a ese juez. Esa decisión le fue informada a los integrantes de la CSJ el 25 de octubre del año pasado.
De acuerdo con datos del OJ, algunos guardaespaldas de los jueces y magistrados tienen un salario mensual de 10 mil 500 quetzales. Según dos agentes de seguridad entrevistados, su obligación es estar al lado de los funcionarios y protegerlos de cualquier amenaza contra su vida. "A veces alguna jueza necesita ayuda para cargar sus pertenencias, entonces por nuestros principios lo hacemos", dice uno de ellos.
Ese día, la CSJ ordenó que la Dirección de Seguridad Institucional realizara un estudio de riesgo de Rodríguez como juez, luego de dejarlo sin guardias. Soy502 intentó conocer la resolución definitiva de los magistrados sobre esta denuncia, pero después de casi una semana nunca se recibió una respuesta del vocero Ángel Pineda, quien además solicitó que se enviaran las preguntas por correo electrónico.
Un juez cuestionado
La CICIG, en 2013, solicitó que Rodríguez perdiera su inmunidad debido a los beneficios que otorgó a personas señaladas de lavado de dinero.
Uno de esos casos fue el de la estadounidense Marie Magdalena Stahl Hurtado, capturada en mayo de 2010 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, con $435 mil 762 sin declarar. Ella fue beneficiada por el juez, quien revocó la prisión preventiva que dictó otro juzgador y meses después cerró el caso.
El otro señalamiento en su contra fue por el arresto domiciliar a favor de Manuel Hernán Jativa Sotomayor, de nacionalidad ecuatoriana, detenido en abril de 2010 cuando pretendía irse del país con 134 mil 570 dólares sin declarar. El sindicado pagó 800 mil quetzales para salir de prisión, luego de que Rodríguez lo beneficiara y revocara la medida dictada por el juzgado de turno durante su primera declaración.
El nombre del juez tomó relevancia a mediados del año pasado, cuando se revocó su ascenso como presidente de un Tribunal de Femicidio, luego de que se revelara que existían denuncias en su contra por violencia contra la mujer.
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Soy502 intentó conversar con el juez, por lo que acudió a su despacho desde las 7:15 horas. La llegada de Rodríguez fue a las 8:30, pero se negó a ser entrevistado. “No importa si son solo cinco minutos, hable con mi secretaria y ella decidirá si lo deja entrar o no”, respondió mientras caminaba hacia su oficina.
El juez también es conocido porque en la mayoría de audiencias impide que los periodistas ingresen a las oficinas del juzgado. Desde afuera sus asistentes anuncian que no se puede ingresar. La excusa: la sala es pequeña.
