El Presidente Jimmy Morales no se da por vencido en su intento de evitar que los funcionarios vayan a prisión por no asistir a las citaciones del Congreso.
Tras perder el pulso ante los diputados, que rechazaron el veto presidencial a las reformas al Código Penal, la Secretaría General de la Presidencia interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar frenar la entrada en vigencia del Decreto 13-2016.
La próxima semana, el Ejecutivo enviará a publicar la normativa por lo que, mientras la CC no diga lo contrario, los servidores públicos que no atiendan el llamado de los diputados podrían ser condenados hasta por cinco años de prisión, aunque podrán justificar sus inasistencias presentando constancias médicas.
El pasado 5 de abril, 106 legisladores votaron a favor de restituir las reformas al Código Penal, que establecen que los servidores públicos que no asistan a los llamados de los diputados, pueden ser condenados hasta a cinco años de prisión.
Heinz Heimann, vocero presidencial, afirma que han detectado "varias inconstitucionalidades" en la normativa aprobada por el Legislativo.
Además de la acción legal presentada por el Organismo Ejecutivo, el diputado oficialista Alsider Arias presentó un amparo ante la CC.
En las últimas semanas, varios diputados han sido cuestionados por supuestas presiones a funcionarios. El Ministro de Salud reconoció que algunos parlamentarios "de FCN y otras bancadas" le recomendaron varias contrataciones de personal.
Además, la Junta Directiva le dio un voto de censura a Juan Manuel Giordano luego que se filtrara un chat entre él y el jefe de bancada FCN, Javier Hernández, en el que pide apoyo para poner de rodillas al gobernador de San Marcos.
Este jueves, el Ministerio Público solicitó que se le retire la inmunidad a ocho diputados que participaron en una reunión con la gobernadora de Alta Verapaz quien salió llorando de la reunión, debido a que fue presionada para beneficiar a allegados de los diputados.