El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general de brigada Alfredo Sosa Díaz, interpuso el martes 12 de enero una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional que define la responsabilidad penal en los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, cometidos durante el conflicto armado.
El tercer hombre más importante en la jerarquía del Ejército, después del Presidente Maldonado y el ministro de Defensa, recurrió a título personal contra el artículo, un derecho que egún el abogado constitucionalista Alexander Aizenstadt, no está limitado por su posición en la institución armada.
"Es inusual que un alto funcionario presente una inconstitucionalidad, pero no veo ninguna limitación para hacerlo", explicó Aizenstatd.
Además de que la acción resulte inusual, incluso histórica, según el analista político Renzo Rosal, es "preocupante".
El analista detalló que con el caso de los 18 militares el Ejército está tomando dos tipos de acciones: la defensa política y jurídica, y este contraataque legal.
"Está claro que esta acción responde a una estrategia de unificar los criterios y las acciones de militares porque ante el caso o los casos que están por delante realmente, tienen que redoblar los esfuerzos", explicó el analista.
El objetivo para Rosal es hacer mas largo y complejo el abordaje juridico de los cargos a dos días de retirarse del cargo.
Antecedentes
Ya han habido varias acciones presentadas en la Corte Constitucional (CC) y todas se han declarado sin lugar. La más reciente fue la 40371-2011 que se resolvió el 9 de octubre de 2012.
En esa ocasión, la acción fue interpuesta por el coronel Julio Roberto Alpírez, relacionado con el caso de la desaparición y asesinato del comandante guerrillero conocido como Efraín Bámaca. El pleno de magistrados declaró sin lugar la acción y el pago de 1 mil quetzales a cada uno de los abogados de Alpírez: Ricardo Prado, Otto René Gálvez, Elmee Avil'y Barrios.
La magistrada ponente en esa ocasión fue Gloria Porras, actual magistrado presidente de la CC y la firma el actual presidente Alejandro Maldonado Aguirre.
