A las 12:10 de este miércoles ingresó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el expediente de antejuicio contra el candidato vicepresidenciable del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Edgar Barquín, su hermano el diputado Manuel de Jesús y el congresista Jaime Martínez, con lo cual da inicio el período de 60 días con los que cuenta el juez pesquisidor para entregar el informe donde concluirá si es recomendable retirar la inmunidad a los tres políticos.
De cumplirse los plazos, el informe del pesquisidor sería entregado después de realizada la primera vuelta electoral, aunque aún es incierto si el juez agilizará las pesquisas.
El pesquisidor designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es Freedyn Waldemar Fernández Ortiz, quien según el registro en el Congreso, fue electo con los votos en su mayoría de Lider y del Partido Patriota, reveló el Movimiento Pro Justicia a inicios de esta semana.
En el primer día, se revisó el expediente con la petición de antejuicio y en las próximas horas el pesquisidor deberá fijar fecha y hora para que la fiscalía ratifique la denuncia y para que el candidato vicepresidencial y los diputados presenten argumentos en su defensa.
Antecedentes
El 15 de julio, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron las peticiones de antejuicio contra Edgar Barquín, por los supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias; las de Manuel Barquín y Jaime Martínez fueron por financiamiento electoral ilícito, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Los hechos
En conferencia de prensa, el Comisionado de CICIG, Iván Velásquez, detalló los aparentes vínculos de los tres políticos con la estructura liderada por Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, quien habría entregado dinero a los parlamentarios para la campaña de 2011.
En el caso del candidato vicepresidencial, se menciona que siendo presidente del Banco de Guatemala colaboró con Morales para desestimar una denuncia por lavado de dinero.
Por este caso, conocido como Lavado y Política, once personas fueron ligadas a proceso.
