Los guatemaltecos que tienen previsto ampliar su casa o construir una vivienda para el próximo año, se toparán con un costo mucho más alto, ya que el nuevo impuesto a la distribución del cemento elevará hasta un 6% el precio para construir.
Así lo estima la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), quienes se manifestaron en contra del ajuste realizado por el Congreso de la República al aprobar el Presupuesto para el 2015, donde incluyeron la nueva medida.
Los artículos 76, 77, y 78 de la Ley de Presupuesto para 2015 detallan un incremento al transporte de cada saco de cemento de 1.50 a 5 quetzales, el cual tendrá un impacto directo en los guatemaltecos.
La CGC analiza si presentarán un recurso de amparo en contra de dicho impuesto ante la Corte de Constitucionalidad (CC) ya que esta medida complicará el sector de la construcción, el cual podría acumular números rojos para el 2015.
Vivienda social
Pelayo Llarena, presidente de la CGC, destacó que este incremento golpea más a la vivienda social, la cual está construida en su totalidad con obra gris, un aumento en el precio de hasta un 40% en el precio.
Llarena señaló que el Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) y el Fondo para la Vivienda (Fopavi), deberán hacer cálculos para su proyectos, lo cual que podría verse reflejado en un aumento en el enganche para una casa.
Además, detalló que podría incrementar el déficit habitacional del país. “Anualmente se construyen 20 mil y se necesitan 70 mil, con este nuevo impuesto creemos que las casas nuevas serán menos”.
Pérdida de inversión y empleos
Por otro lado, Llarena ejemplificó que el incremento de los costos repercutirá en la mano de obra contratada, ya que se podría reducir hasta 20 mil plazas laborales en el sector de la construcción por la paralización de algunos proyectos.
El sector de la construcción manifestó que el incremento de 5 quetzales por cada saco de cemento, que según el Presupuesto lograría recaudar 311.4 millones de quetzales, golpeará a grandes inversiones y proyectos.
Los cálculos de la CGC estiman que para este año el sector represente un 4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero ignoran el impacto para el 2015, incluso podrían acumular pérdidas similares a las vividas durante la crisis de 2008 y 2009.
Retroceso en transparencia
Llarena detalló que también están en contra de la medida que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) contratar Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para la construcción, medida había sido eliminada ya que se presta a la corrupción ya que las ONGs, por ley, no pueden ser fiscalizadas.
Además, critican la eliminación del Certificado de Disponibilidad Financiera (CDF), el cual impedía que las entidades públicas contrataran empresas para construir si no tenían tener el recurso necesario para pagar.
“Quitar el CDF abre la puerta la deuda flotante. Esto solo permite comenzar obras y no terminarlas porque las instituciones ya no tienen para pagar acumulando la deuda”, comentó Llarena.
A la fecha, el Gobierno adeuda al sector de la construcción más de 1 mil 500 millones de quetzales en deuda flotante contratada en años anteriores. “Para evitar ese problema se hicieron los CDF, ahora vuelve esa mala práctica”.
