El hermano y el hijo del presidente, Samuel Everardo y José Manuel Morales, fueron detenidos este 18 de enero, acusados de fraude en el caso Botín del Registro de la Propiedad.
La Fiscal General Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez explicaron en conferencia de prensa que en diciembre de 2013, el hijo de Morales, con ayuda de su tío, falsificó unas facturas y y simuló cotizaciones de empresas inventadas para que la familia de su novia pudiera cobrar alrededor de 270 mil quetzales al Registro de la Propiedad.
Las facturas se emitieron por dos eventos que no se realizaron y cerca de 570 canastas navideñas que al parecer, sí se entregaron a los trabajadores de la entidad.
Aquí: Capturan a Sammy Morales por el caso Registro de la Propiedad
Las redes sociales ya han caído en dos excesos al comentar los hechos: hay quienes exigen la renuncia del presidente Morales por este proceso y otros, por el contrario, tratan de demeritar el caso, porque "son apenas 200 mil quetzales", no los millones que han saqueado de otras maneras.
Lo importante de este proceso es que revela la extensión de la cultura de la ilegalidad en la sociedad guatemalteca, y especialmente, en sus círculos políticos.
Según lo indicado por los jefes del Ministerio Público y CICIG, ni Sammy ni José Manuel Morales parecen haber recibido beneficio económico alguno por habilitar a la señora Abdi Estrada, mamá de la ex novia del hijo del presidente, para que hiciera un negocio corrupto con el Registro de la Propiedad.
Los hechos investigados son los siguientes: José Manuel Morales, que en ese entonces debe haber tenido la mayoría de edad recién cumplida, quiso "quedar bien" con la suegra. Para ello le consiguió facturas, con datos falsos y se "fumó" unas cotizaciones de empresas igualmente inexistentes, para aparentar que hubo competencia en un negocio otorgado a dedo.
Es común que niños y jóvenes falsifiquen la firma de los papás en una boleta del colegio, pero es tristemente revelador que este muchacho, a su edad, haya tenido los alcances para prestarse a facilitar una componenda con fondos públicos que implicó la comisión de delitos, y que para ello contara con la colaboración de su tío.
La relevancia del hecho no está en el monto del negocio, sino en "lo normal", lo común, hasta banal, de la operación.
El hijo de Jimmy no pensó que si su ex suegra, "doña Abdi", ni siquiera tenía facturas, tampoco estaba calificada para hacer negocios con el Estado, de ningún tipo. Tampoco se le ocurrió que falsear documentos era incorrecto y que cobrar por servicios no prestados está fundamentalmente mal. No lo pensó el jovencito y no se lo explicaron sus mayores, que deberían haber tenido los dos dedos de frente que a él le faltaron.
En otras sociedades, la familia es el último cerco de defensa del buen actuar. Pueden fallar la comunidad, la escuela, la empresa, el círculo de amigos, pero el delincuente se topa con el rechazo de los suyos, de los más cercanos, de la esfera íntima de la familia.
Es sintomático que aquí, en la propia casa del presidente de la República, no ocurrió así. El tío le sirvió de alcahuete al muchacho para ganarse a la suegra, sin importar que medió una defraudación al Estado para conseguirlo.
El presidente Morales, hasta ahora, no parece involucrado directamente en la transa. Por eso me parece exagerado que le exijan la renunica.
Lo que sí es cierto es que este escándalo lo debilita políticamente, pues uno se pregunta en qué clase de familia creció el jovencito Morales, de qué hablan sus papás en la mesa, para que tuviera tan claro cómo fabricar un esquema de corrupción.
El involucramiento de Sammy y José Manuel Morales en el caso Botín del Registro de la Propiedad ilustra, con un hecho menor, cómo se saquea a las instituciones públicas y cómo a nadie parece importarle que se roben miles, cientos de miles o millones, con este tipo de triquiñuelas.
El proceso tendrá lamentables repercusiones políticas, porque este presidente lo único que tenía era su lema de "ni corrupto ni ladrón", que poco a poco se erosiona. Pero lo deseable es que nos hiciera reflexionar acerca de lo que consideramos decente, honesto y aceptable: en la vida privada y la gestión pública.
De nada sirve que haya casos de MP y CICIG todas las semanas, que cambie hasta la Constitución, que se vayan todos los magistrados de la Suprema, si en el fondo, los guatemaltecos somos delincuentes en potencia, si no tenemos un convencimiento profundo de que el contrato social básico es respetar la ley y tratar al otro como deseamos ser tratados nosotros.
El freno a la corrupción no está en la persecución criminal: está en la consciencia de cada uno.
