El Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, así como el equipo de investigadores que lo asisten, tanto en esta misión como en el Ministerio Público, han dado un golpe maestro y contundente en pro de la justicia del país.
La desarticulación de la red criminal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, revela hasta qué punto la corrupción está enraizada en Guatemala. Hoy se realizaron 20 detenciones que incluyen al actual jefe de la SAT, Omar Franco, a su predecesor, Carlos Muñoz y a otros funcionarios de alto nivel.
El hecho más conspicuo es que se encuentra prófugo el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, el señor Juan Carlos Monzón, acusado de ser la cabeza de esta organización criminal.
Después de este golpe, queda claro que la presencia de CICIG es necesaria en Guatemala. ¿O hay alguien, alguien siquiera, que se atreva a decir que este tipo de investigación se habría podido realizar sin Cicig?
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Asimismo, se vuelve muy difícil para el Presidente de la República, Otto Pérez, y sobre todo para la Vicepresidenta, Roxana Baldetti, seguir afirmando que Cicig debe salir del país. Más allá de su postura acerca de Cicig, tanto Pérez Molina y Baldetti tienen preguntas pendientes que resolver.
Durante su conferencia de prensa, Iván Velásquez sostuvo que las pruebas que van a sostener este caso en los tribunales son científicas. No se trata de dimes y diretes, de chismes intercambiados en un bar. Habrá que conocer la evidencia para entender si la oscura red denunciada hoy, dedicada a defraudar al Estado, llegaba hasta Monzón o más arriba en la cúpula del Ejecutivo.
Dicho esto, también precisa que el análisis tenga un contrapunto.
Ante todo, debemos recordar que no es la primera vez que se ataca la red de defraudación aduanera. A mediados de la década de 1990, durante el gobierno de Álvaro Arzú, se tocó la entonces llamada "Red Moreno". En esa oportunidad, la estructura criminal fue atacada lateralmente, no en sus cuadros superiores. La captura más llamativa fue la de Armando Moreno, que sería tal vez un equivalente al hoy famoso "Teniente Jérez". El caso se diluyó y tal vez sirvió para la creación de la SAT, pero ahí quedó. La red siguió operando, creció y se volvió incluso más sofisticada. De hecho, se adaptó y se incrustó en la SAT.
Ahora deberemos seguir, vigilantes, no sólo el desarrollo del caso penal en contra de los acusados, sino los cambios políticos y adminsitrativos que se deben realizar en SAT. Durante meses nos han venido vendiendo la idea de que el país se encuentra sumergido en una crisis fiscal insalvable, que no hay dinero, que no se llega a las metas de recaudación y que los contribuyentes de Guatemala debemos asumir más y más deuda para cubrir los gastos del gobierno.
Es más, los mismos que hoy están presos, tuvieron el descaro de sugerir que la única salvación para la SAT era contratar una empresa privada argentina, elegida y dirigida por ellos, para hacerse cargo de la recaudación. Eriza la piel sólo imaginar que hubieran logrado su propósito.
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Ayer mismo, el presidente Pérez Molina estuvo en la SAT para advertir, nuevamente, que no se había llegado a la meta de recaudación y que se pedirían préstamos para cubrir el déficit. Eso al menos, informó el mandatario, ¿o acaso fue otra su conversación con el Superintendente?. El presidente debe hablar hoy de la desarticulación de la red de defraudación que operaba en la SAT, bajo sus narices. Esperamos que cambie de canción.
