Desde que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) derogó el contrato con la Droguería PISA por el servicio de diálisis peritoneal, ha realizado nueve procesos de contratación en los últimos días, adjudicando a una sola empresa.
Se trata de la empresa Medicina Corporativa, Sociedad Anónima, la cual ha recibido 737 mil 725 quetzales en los últimos tres días, es decir, por tres contratos fraccionados por día y este viernes se encuentra un proceso de contratación pendiente de recibir las ofertas respectivas, todas han sido compras directas.
Estos contratos servirán para realizar 17 mil 607 servicios de diálisis peritoneal, cada uno contempla entre 1 mil 956 y 1 mil 960 servicios, según se conoce es suficiente para atender un día de servicios por esta enfermedad.
Nuevo contrato
Este viernes se abrió un nuevo contrato con las mismas características y para atender 1 mil 969 servicios, a un promedio de 43.4 quetzales cada una, es decir que el contrato podría ser adjudicado a la misma empresa por 85 mil 513 quetzales.
Las ofertas solo se reciben de forma electrónica para agilizar el trámite y como se trata de compras directas no existe Junta de Licitación, ni nada por el estilo, simplemente se adjudica a la empresa que mejor le convenga al IGSS.
Este fraccionamiento es una clara evasión a la Ley de Compras y Contrataciones ya que según esta los contratos mayores a 90 mil quetzales deberá realizarse un proceso de cotización, la cual ya incluye una Junta Calificadora.
El contrato con la droguería mexicana PISA fue rescindido el 15 de mayo recién pasado, debido a anomalías en el proceso de contratación, así como mala praxis médica que le costó la vida a 17 personas.
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Antes de denunciarse las anomalías en el servicio de diálisis peritoneal, los afiliados al Seguro Social y Acción Ciudadana habrían denunciado muertes por negligencia médica por parte de esta empresa. Más tarde se agregó a las denuncias la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Finalmente, este miércoles fueron arrestados todos los miembros de la Junta Directiva del IGSS, así como los integrantes de la Junta de Calificación, asesores y subgerentes acusados de fraude al Estado por beneficiarse económicamente del contrato de esta empresa que fue por más de 116 millones de quetzales.
