El negocio fraudulento en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que habría dejado al menos 35 millones de quetzales en comisiones a los involucrados, por la negociación del contrato de Q116 millones, tuvo cuatro actores principales que dejaron grabadas en conversaciones telefónicas y una cita personal, el contubernio para cometer el fraude.
Las escuchas telefónicas e imágenes que presentará el MP en la audiencia de primera declaración, este viernes, evidencia como la red de corrupción fue formándose con Otto Fernando Molina Stalling, como operador, junto a Herberth García-Granados, Arturo Adolfo Castellenos y Edgar René de la Peña.
Según el MP y Cicig, Molina Stalling habría cobrado el 15% del total del negocio, unos Q17 millones, y Herbeth García-Granados pidió el 16%, unos Q18 millones, que totalizarían los Q35 millones en ganancias fraudulentas que aún no está claro entre quienes se repartió. La empresa Pisa se quedaría con los Q81 millones restantes.
Así fue el día del contubernio
La mañana del 5 de noviembre de 2014, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, que en ese tiempo era asesor del presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, devengando un salario de Q25 mil en el renglón 0-29, se contactó con Herbeth Rodolfo García-Granados, un particular, para pedir a representantes de la Droguería Pisa, S.A. la jugosa comisión a cambio de adjudicarles el contrato por Q116 millones para prestar los servicios de diálisis peritoneal ambulatorio para pacientes de la consulta externa del IGSS.
Según el fiscal Juan Francisco Sandoval, el pedido del 15% y 16% ocurrió en una cafetería de la zona 10, donde Molina Stalling y García-Granados se reunieron con el gerente y representante legal de Pisa, Edgar René de la Peña, y donde se comprometieron a adjudicar el contrato.
La misma tarde del 5 de noviembre, en el portal Guatecompras, en el evento 3381625, la Junta Directiva confirmaba la adjudicación a Pisa.
Cadena de irregularidades
La investigación de Cicig, que se convertirá en querellante en el proceso junto con el MP, destaca que los miembros de las Juntas de Licitación y Directiva del IGSS cometieron una serie de irregularidades y no acataron la Ley de Contrataciones del Estado.
- El artículo 11 de la Ley de Contrataciones establece que las personas que integren las Juntas de Licitación (JL) deben ser personas expertas y ninguna de las cinco mujeres de la JL cumple ese requisito.
- La Droguería Pisa no tenía licencia sanitaria para funcionar.
- Pisa, S.A., no tenía la estructura básica ni personal para operar y ofrecer el servicio de diálisis peritonial.
- Pisa no podía subcontratar a otra empresa para realizar el servicio de diálisis peritonial a menos que fuera para ambulancias, rayos X o láser, aún con la prohibición cedió los derechos a la compañía Medicorp, S.A.
- La JL tomó en cuenta el precio más bajo y no le importó la calidad, lo cual fue avalado por la Junta Directiva del IGSS.
El segundo intento de quedarse con el negocio
Derivado de que la PDH emitió dos resoluciones donde evidenció el mal servicio en las diálisis peritoniales, calificándolo de un riesgo para la salud y la vida de los pacientes, el contrato fue anulado.
Fue entonces cuando se creó otro evento en Guatecompras, esta vez para contratar los servicios de hemodiálisis.
Herberth García-Granados aprovechó sus contactos en el IGSS para utilizar una empresa como fachada, la cual ganaría la adjudicación a cambio de soborno. Detrás de la misma seguiría Pisa, S.A.
García-Granados logra que le sea prestada una marca comercial que entra a competir, pero la sorpresa es que la Junta de Licitación otorgó a otra empresa el contrato, y según la fiscalía la nueva compañía habría pagado alrededor de Q8 millones como soborno.
Este último caso se encuentra aún en investigación, indicó el fiscal Sandoval.
¿Cometieron homicidio?
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, desmantelar esta red de corrupción en el IGSS dejó en claro que el interés comercial prevaleció sobre la necesidad de los pacientes; mientras 13 personas fallecieron (cuyas familias se convirtieron en demandantes) a causa de la mala práctica, los asesores y autoridades del Seguro Social discutían sobre las ganancias que les dejaba el negocio.
La fiscal general Thelma Aldana, indicó que las muertes de los pacientes son investigadas por otro grupo de fiscales y se cree que los responsables podrían haber cometido el delito de homicidio culposo.
Toda la información fue proporcionada por el MP durante la audiencia de este miércoles donde se hizo saber a los 15 capturados el motivo de su detención.
El próximo viernes, la jueza Silvia Violeta de León, llevará a cabo la audiencia de primera declaración, donde se prevé que la fiscalía presente varias escuchas telefónicas y explique otros detalles del fraude en el IGSS.
El Presidente de la Junta Directiva, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del presidente Otto Pérez, está involucrado al haber dado el aval al contrato a favor de Droguería Pisa, S.A. tras la negociación de quien en ese momento era su asesor directo.
