Las últimas dos semanas se ha librado una batalla en el Congreso de la República para conocer una prórroga al Estado de Calamidad Pública decretado por el Gobierno, pero ésta se ha postergado incluso hasta el punto de incumplir un mandato de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La CC dio un plazo de 72 horas a los diputados para aprobar o improbar la solicitud de Prórroga al Estado de Calamidad que el Gobierno decretó en 15 departamentos; el tiempo se vence este sábado, ya que durante dos días seguidos el Congreso no ha alcanzado el cuórum necesario para discutirlo.
Este viernes, la sesión permanente no inició, pues solo se contaba con 74 diputados, cuando el mínimo es de 80. Algunos legisladores presentaron sus excusas, otros solo ingresaron y se retiraron.
Se notó la ausencia de varios diputados del PP y de toda la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), bloques que con su inasistencia impidieron que la sesión comenzara. Sin embargo, ya se sabe donde andaban algunos de ellos, como Arístides Crespo, vicepresidente del Congreso, de gira en Escuintla con Alejandro Sinibaldi.
¿Qué pasará si este sábado no se discute el Estado de Calamidad? La respuesta la tienen los mismos diputados, quienes aseguran que el Congreso podría ser acusado de desacato, y recibir fuertes acciones legales por incumplir un mandato directo.
Origen del mandato
El mandato de la CC tiene su raíz en un amparo presentado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual acusa al Gobierno de utilizar de “caja chica” la figura del Estado de Calamidad y de postergar su discusión.
Durante los últimos tres meses, el Estado de Calamidad ha estado vigente sin que el Congreso lo haya aprobado, lo cual es legal, detalla Orlando Blanco, jefe bancada de la UNE, pero los diputados oficialistas han logrado bloquear la agenda.
El diputado de Encuentro por Guatemala, Leonel Lira, explicó que la figura del Estado de Calamidad ha sido usada por el Gobierno para realizar compras directas que distan mucho de la ayuda por sequía que estos promulgan.
La UNE señala que calculan que el Gobierno ha gastado más de 2 mil millones de quetzales durante los últimos dos años en los Estados de Calamidad decretados. “Es año electoral y esta figura les sirve a ellos para hacer campaña”, añadió.
Sesión para el sábado
De forma atípica, el Congreso sesionará este sábado a partir de las 11 de la mañana y se espera que se discuta la prórroga al Estado de Calamidad. Es el último intento antes de caer en desobediencia, pero algunos diputados prevén que no pase nada.
Blanco destacó que denunciará ante el Ministerio Público a todos los diputados que no hayan asistido en las tres sesiones y pedirá incluso antejuicio para retirar la inmunidad de los legisladores.
Por otro lado, existe una salida más sencilla, destacó Lira, tal y como sucedió con el último Estado de Calamidad, cuando el Presidente Otto Pérez simplemente lo derogó concluyendo así la discusión.