Juan Manuel Díaz-Durán, actual diputado y exmiembro del bufete que tenía la representación de Mossack Fonseca en Guatemala, ofreció su versión sobre los detalles que salpican al país en el Caso Papeles de Panamá.
La filtración de los 11 millones de documentos en este caso que se ha conocido también por el hashtag #PanamaPapers, ofreció detalles sobre Guatemala, como que es el quinto país que más vínculos tiene con este bufete.
Además, el Caso Papeles de Panamá vinculó a Marllory Chacón, “La Reina del Sur” de Guatemala, y en el que aparecen también el bufete Díaz-Durán (del cual fue miembro el diputado), el abogado Francisco Palomo, entre otros detalles.
El legislador confirma que desde hace algún tiempo ya no es el representante legal del bufete Díaz-Durán y que considera que tener vínculos con Mossack Fonseca no es ilícito, ya que la creación de offshore no necesariamente es un delito.
En cuanto a La Reina del Sur, Díaz-Durán asegura que fue el abogado Francisco Palomo, asesinado el 3 de junio de 2015, quien abrió la empresa con Mossack Fonseca, a través de su bufete en Guatemala.
Según el ahora diputado, esa sociedad se abrió a nombre de Corina Saenz Lenhoff, a quien entonces no se le encontró nada ilícito. Ella habría abierto la empresa en Panamá en lugar de Marllory Chacón, o bien se la vendió posteriormente.
El bufete Díaz Durán fue el representante de Mossack Fonseca en Guatemala desde la década de los 90 y hasta el momento no han tenido problemas, señala el diputado.
Como parte del protocolo, explica Juan Manuel Díaz-Durán, investigan a sus potenciales clientes y en los requisitos están que no sean políticos y verifican que sean gente conocida (no testaferros), pero que aún así están expuestos.
Reacción en el Congreso
Mario Taracena, presidente del Congreso, habló también sobre el Caso Papeles de Panamá y la posible implicación de un diputado. Señaló que como Legislativo no accionarán para favorecer o perjudicar a Juan Manuel Díaz-Durán. Sin embargo, señaló que esto podría retomarse para conocer y aprobar las reformas a la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), solicitadas por el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, específicamente para eliminar el secreto bancario.
