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El expresidente del Congreso de Guatemala, Gudy Rivera, fue ligado a proceso penal por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo acusado de presionar a una jueza en 2014 para que ordenará retirar una sanción del tribunal electoral contra la entonces secretaria general del Partido Patriota y exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Rivera deberá guardar prisión preventiva en la prisión militar de Mariscal Zavala, donde están encarcelados varios implicados en casos de corrupción.
El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal atendió los argumentos de la fiscalía en donde se adjuntó una grabación donde se escucha a Rivera, junto con el abogado Vernon González, solicitar a la jueza Claudia Escobar anular la orden del Tribunal Supremo Electoral y favorecer al partido.
El expresidente del Congreso enfrentará proceso por la presión que le hiciera a la magistrada Claudia Escobar. pic.twitter.com/ZMfTFSVRyV
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El juez Rodríguez da inicio a la audiencia en la que se hará conocer el motivo de la detención de Rivera @soy_502 pic.twitter.com/8x79txlGKF
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La defensa de Rivera, César Calderón, quien también defiende a Otto Pérez Molina en el caso La Línea, pidió falta de mérito contra su patrocinado y si el juez dictaba lo contrario se le otorgara una medida sustitutiva como a González en 2014 detenido por el mismo caso.
El juez dice que nunca tuvo a la vista el Memorial con el que Rivera se puso a disposición del Juzgado @soy_502
— Marcia Zavala (@MarciaZSoy502) marzo 10, 2016
Rivera fue reelecto el año pasado como diputado pero no pudo asumir el cargo debido al proceso legal que enfrenta, impulsado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según la investigación, Rivera fue acusado en 2014 por la jueza Escobar de condicionar su reelección en una sala de apelaciones a cambio de anular una orden del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que había suspendido a Baldetti como secretaria general del PP, por su participación en actividades partidarias.
Baldetti y Pérez se encuentran actualmente en prisión, tras renunciar en mayo y septiembre pasados respectivamente, a la espera de que un juez decida si deben enfrentar juicio tras ser señalados de liderar una red que orquestó un fraude multimillonario en las aduanas.
