Guatemala y Cuba son los únicos países de América Latina que aún tienen vigente la pena de muerte en la región. Sin embargo, en Cuba se ha aplicado una "moratoria" de facto a las sentencias desde 2003 cuando fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo.
En Guatemala, donde también se aplica la sentencia a muerte, las últimas ejecuciones, con inyección letal, datan del año 2000, ambos países de son los que mantienen vigente la pena capital para delitos comunes.
En Perú, la Constitución aprobada en 1993 tras el autogolpe del presidente Alberto Fujimori (1990-2000) establece la pena de muerte para el delito de terrorismo y de traición a la patria, pero no se ha aplicado en las últimas décadas.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 han sido ejecutadas en Guatemala cinco personas, las dos últimas fueron Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, condenados por el asesinato y secuestro de una empresaria.
Después de Cetino y Cerrate no se ha ejecutado a ningún otro condenado a muerte por la existencia de un vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos y en 2011 el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, presentó al Congreso una iniciativa de ley para abolir definitivamente la pena de muerte, pero no prosperó.
En 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó su derecho de defensa, y les impuso en su lugar una pena de 50 años de cárcel.
En la mayoría de países latinoamericanos que no han abolido totalmente la pena capital, ese castigo se mantiene para casos de guerra o traición a la patria, aunque no se aplica. Venezuela fue el primer país del mundo que la abolió, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882.
Un caso particular es el de Puerto Rico, estado Libre Asociado de EE.UU., que prohíbe en su constitución la pena capital, pero en los casos juzgados por el tribunal federal de la isla se puede aplicar, aunque para las ejecuciones los reos deben ser trasladados a prisiones de Estados Unidos.
Minetras los países latinoamericanos en su mayoría han abolido la pena, en Estados Unidos todavía algunos estados la mantienen en vigencia. No obstante, los reos que han sido condenados a cumplir este tipo de sentencia, en un buen número han provenido de países de América Latina lo que ha llamado la atención de organizaciones civiles.
