Las empresas de telecomunicaciones garantizaron este jueves que, en el interior de todas las prisiones del país, la señal de telefonía móvil se encuentra bloqueada en su totalidad; sin embargo, destacaron que dicha medida no es infalible y que tarde o temprano los privados de libertad encontrarán formas de comunicarse.
La Gremial de Telecomunicaciones realizó este pronunciamiento, luego de que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicara que estas empresas recibirían sanciones por incumplir con bloquear la señal de teléfonos, que por ley les corresponde.
Sin embargo, los abogados representantes de Tigo, Claro y Telefónica, manifestaron que las empresas debían implementar soluciones para evitar la comunicación móvil en los centros carcelarios, lo cual se resolvió desde el 15 de enero pasado.
Los abogados manifestaron que la medida se implementó de igual forma en Honduras, pero los reos continuaron realizando llamadas con teléfonos satelitales. “Eso va a pasar aquí”, agregaron.
La Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, obliga a las empresas a bloquear la señal teléfono en dichos lugares. La gremial garantiza que los 22 prisiones del país, así como cuatro reformatorios, poseen las medidas técnicas para impedir que ingrese la señal.
Vecinos sin señal
Uno de los grandes inconvenientes de esta medida es que las viviendas vecinas a los centros carcelarios tampoco tienen señal de celular. Un ejemplo es el Cuartel Militar Matamoros, ubicado en la zona 1, ya que los vecinos se quejan de estar incomunicados.
Según los representantes de la gremial, este problema será resuelto debido a que antes de instalar los “inhibidores de señal” se tuvo que cambiar la dirección de las antenas de transmisión, lo cual causó problemas en la comunicación.
Falta de apoyo
La Gremial de Telecomunicaciones también señaló falta de apoyo del Ministerio de Gobernación, del Sistema Penitenciario y del Ministerio Público, ya que la primera medida es evitar que los teléfonos ingresen a las cárceles. “Esa es obligación de ellos prevenir estos delitos y perseguirlos de oficio”, añadió uno de los abogados.
Por otro lado, los empresarios destacaron que algunos equipos técnicos que realizaban la instalación de los dispositivos que bloquearían la señal fueron amenazados de muerte, principalmente en el Boquerón y Fraijanes, en este último fueron recibidos a pedradas por los internos.
