El Departamento de Justicia de EE.UU. apelará la decisión de un juez federal de Texas de suspender temporalmente las medidas ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente Barack Obama, según indicó este martes la Casa Blanca.
Tanto el Departamento de Justicia como juristas y expertos en inmigración "han determinado que las acciones del presidente están dentro de su autoridad legal", subrayó en un comunicado emitido de madrugada el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Además, tanto la Corte Suprema como el Congreso "han dejado claro que el Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de nuestras leyes de inmigración, que es exactamente lo que el presidente hizo", añadió el portavoz de Obama.
A juicio de Earnest, las medidas anunciadas por Obama son "consistentes" con leyes aprobadas por el Congreso y con decisiones de la Corte Suprema, así como "con cinco décadas de precedentes de presidentes de ambos partidos que han usado su autoridad para establecer prioridades en la aplicación de las leyes de inmigración".
Según el fallo al que tuvo acceso Efe, el juez que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama, Andrew Scott Hanen, decidió que el presidente debe suspender "temporalmente" la implementación de su decreto.
La decisión del magistrado, con fecha del 16 de febrero, se anunció en vísperas del inicio, programado para este miércoles, del plazo de inscripción por el que miles de jóvenes indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida (DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un permiso de trabajo temporal.
Aparte de la ampliación de la DACA, un plan ideado en 2012 y con el que se ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores", las acciones ejecutivas de Obama también incluyen un nuevo programa para legalizar temporalmente a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.
La inscripción para este último plan debía comenzar en mayo próximo y se calcula que ambos programas pueden beneficiar a unos 5 de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen en EE.UU.
En su fallo, el juez asegura que "al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda", concede "un mandato judicial temporal" para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya "una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal".
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La decisión del juez Hanen, quien fue propuesto para el puesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, es vista como un indicio de que a la postre podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.
