El Tribunal B de Mayor Riesgo resolvió este jueves que Pedro García Arredondo, sentenciado a 90 años de prisión por la muerte de 37 personas durante la quema de la embajada española, debe pagar un total de nueve millones de quetzales a las seis familias de las víctimas que asistieron a la audiencia de reparación.
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La solicitud inicial presentada por los afectados era que el Estado los resarciera por un monto de 72.2 millones de quetzales, un acto de perdón público y la divulgación de un documental en el que se den a conocer los hechos. Sin embargo, el Tribunal basó su decisión en los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que calificó la petición como “poco clara”.
Asimismo, a que el Estado no fue incluido como tercer interesado durante el proceso, se aclaró que este no deberá hacer efectivo el pago, por lo que se obligó al único acusado a cumplir con el mismo.
Ante esto, Moisés Galindo, abogado defensor de García Arredondo aseguró que es imposible que “un agricultor que lleva tres años en la cárcel y que carece de bienes pueda pagar ese monto”.
Los jueces aún deberán resolver si declaran procedentes las peticiones hechas por el querellante Sergio Vi, que plantean que el presidente, Otto Pérez, pida perdón de forma pública en nombre del Estado y que el Ministerio de Cultura y Deportes produzca un documental de 60 minutos en el que se muestre lo ocurrido el día de la tragedia y durante el juicio.