El proyecto de ley para la atracción de Inversión y Empleo fue señalado negativamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente que concluyó que de ser aprobada dicha iniciativa podría afectar a la recaudación de impuestos.
El pulso que se vive en el Congreso de la República por la discusión de la iniciativa coloca la aprobación de la misma cuesta arriba, pues no todos los diputados están convencidos de que la inicativa realmente mejore la creación de nuevos puestos de trabajo, pues consideran que al aprobarla se continuarían otorgando exenciones fiscales a los empresarios de manera descontrolada.
Lorenzo Figlioli, jefe de la misión del FMI que visitó Guatemala, comentó que si todas las empresas nuevas se arropan bajo la ley, habrá una recaudación menos dinámica y dañina para la economía.
Recomendaciones del FMI
El FMI señaló que Guatemala debe elevar su recaudación tributaria, además recomiendan que el gasto en materia de recaudación debe reducirse, y también reajustarse las tasas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Si el Gobierno hiciese caso omiso y no acatara la recomendación, Figlioli advirtió que no existirán suficientes ingresos fiscales para el próximo año en materia de inversión social, infraestructura, combate a la inseguridad y pobreza.
A favor y en contra
Por un lado, Juan Carlos Paiz, comisionado presidencial para la Competitividad, destacó que la iniciativa ya posee diversas enmiendas, pues en su momento la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se manifestó en contra de dicho proyecto al augurar que la recaudación se reduciría al aprobarse; sin embargo, Paiz señaló que lo único que hace falta es la aprobación.
Paiz destacó que la aprobación de la ley es vital para mejorar la logística comercial y productiva del país, y así alcanzar en siete años plazo un millón de empleos nuevos, principalmente con la creación de nuevos parques industriales. "Sin esa ley será difícil alcanzar el millón de empleos, es el bastión inicial", agregó.
Por su parte, Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanaza (UNE), señala que han analizado la iniciativa y que las enmiendas que se aprueben (las acordadas) podrían hacer una buena Ley. Sin embargo, teme por la debilidad institucional que ostenta la SAT y opina que si por un lado no es "capaz" de incrementar la recaudación Tributaria, esta instancia tampoco será eficiente en controlar qué empresas podrían continuar con la excensión de impuestos.
La Ley de Inversión y Empleo nace luego de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) lanzara una prohibición que vence el 31 de diciembre de 2015 para que ciertos países eliminen las subvenciones a las exportaciones y a las importaciones, ya que esto produce efectos desfavorables para el país.
En este caso se incluyen las leyes de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89; las cuales otorgan incentivos tributarios para promover las exportaciones; también dejará de funcionar la Ley de Zonas Francas y la Ley Orgánica de Zona Libre de Industria y Comercio del Puerto Santo Tomás de Castilla (Zolic).
La iniciativa de Ley, originalmente dictaba que podrá otorgarse crédito Fiscal del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto de Solidaridad (ISO) al comprobarse inversiones nuevas que generen empleo; la exoneración será por los próximos 20 años. Sin embargo, se trabajaron enmiendas para reducir ese plazo a 12 años.
Jorge Briz, presidente de la Camara de Comercio, destacó que la Ley propone "abusivas exenciones fiscales", y que posee plazos antojadizos que podrían alcanzar hasta 65 años de exoneración de impuestos y esto comprometería la recaudación tributaria ya que favorecerá una serie de actividades económicas que no las necesitan.
