En una jornada de más de 10 horas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) pidió que se ligue a proceso a los 11 implicados en el caso denominado "Negociadores de la Salud" por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
Tanto el representante del MP, como de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), argumentaron que los sindicados, entre los que figuran médicos y representantes de farmacéuticas, habrían pactado la adjudicación de contratos de medicina del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para beneficiarse.
La parte acusadora señaló que las 46 escuchas telefónicas, de 150 que tiene como prueba en este caso, dan cuenta de que existía una red que otorgaba contratos abiertos a diario a un grupo de empresas farmacéuticas por el abastecimiento de medicamentos al Seguro Social y se buscaba que al momento de recetar a los afiliados, se diera prioridad a estas marcas.
A cambio de estos beneficios, según confirmaron algunos implicados en su declaración, las empresas otorgaban viajes a congresos para los especialistas, entre otro tipo de beneficios no especificados por la Fiscalía.
Asimismo, se señaló cómo diversos directivos de unidades del IGSS hacían consultas sobre adquisiciones y afluencia de pacientes con los representantes de las empresas, entre los que figura Alejandro Toledo, quien ha sido situado como uno de los coordinadores de la estructura de corrupción.
Tras conocer la acusación, la jueza Sexto Suplente de Primera Instancia Penal, Melida Vásquez, procedió a darle la palabra a los abogados defensores que hicieron un desfile de largas alocuciones que sostienen que se debe declarar falta de mérito contra sus patrocinados.
La mayoría de profesionales converge en que se trata de una criminalización de acciones comunes de los médicos que solo buscan "beneficiar la salud de los pacientes".