Por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero, la Fiscalía Espacial Contra la Impunidad (FECI) solicitó que se ligue a proceso al exbinomio presidencial y a otros 55 implicados en el caso denominado Cooptación del Estado.
A la mayoría de los sindicados se les dictaría auto de procesamiento por dos o tres delitos, según la petición que el fiscal Julio Barrios hizo al juez Miguel Ángel Gálvez en el noveno día de audiencia. Sin embargo, los que más ilícitos suman son Otto Pérez y Roxana Baldetti, quienes habrían encabezado la estructura que se benefició de al menos 450 contratos estatales.
Fiscalía pide que se ligue a proceso a los implicados en #CooptaciónDelEstado @soy_502 pic.twitter.com/85qgfD8Rpz
Barrios explicó que en los dispositivos electrónicos de Juan Carlos Monzón se encontró que de los más de 450 contratos del Estado, la estructura habría obtenido el 10% del precio de la adjudicación y que ésta comisión se habría dividido en un 60% para el exbinomio y un 40% para el resto de involucrados.
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El fiscal resaltó que todo el proceso empezó con la investigación del beneficio que el comerciante Erick Miao Miao tuvo de una estructura de defraudación aduanera (La Línea).
"El primer gran contrato que el PP tuvo dentro de su Gobierno fue, efectivamente, el del fertilizante", detalla Barrios @soy_502
Así también, debido a que la declaración de los sindicados se limitó, en su mayoría, a demeritar lo dicho por el colaborador eficaz, el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval explicó que este relato solo le brinda el elemento narrativo al resto de pruebas.
Sandoval resaltó que se cuenta con gran cantidad de documentos, registros contables y unos 95 testimonios que sustentas la acusación contra los implicados.
Sandoval sintetiza el motivo de la imputación de cada delito a los implicados en #CooptaciónDelEstado @soy_502 pic.twitter.com/knRNTrf36v
Este 28 de junio, se prevé que los delegados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Procuraduría General de la Nación y la Portuaria Quetzal manifiesten su solicitud respecto a los indicios presentados y posteriormente, se dará la palabra a los abogados defensores. Todo esto, previo a conocer la resolución del titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.
