El juez Eduardo Cojulum fijó medidas sustitutivas para tres de los cinco implicados en el caso de plazas fantasmas autorizadas por el entonces presidente del Congreso Pedro Muadi.
Al final de la audiencia de primera declaración, el juzgador resolvió ligarlos a proceso penal y fijó plazo de dos meses al Ministerio Público (MP) para concluir la investigación.
Dos a prisión
Los dos empleados de Muadi que fueron enviados a prisión son, la asistente Bertha del Rosario Gil Serrano, ligada a proceso por asociación ilícita, al igual que el asistente administrativo Rony David Ruano Gil.
Tres con arresto domiciliar
Ana Lucía Reyes Bolaños, también asistente del expresidente del Congreso, fue beneficiada con el arresto domiciliar y se le fijó una fianza de 25 mil quetzales.
A Héctor Augusto Reyes Gómez (esposo de Claudia Bolaños Morales, ya ligada a proceso), se le fijó el arresto domiciliar y el pago de una fianza de 60 mil quetzales.
Ximena Toriello Martínez, quien fungió como secretaria privada de la presidencia en 2013, deberá pagar una fianza de 300 mil quetzales.
Información proporcionada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, detalla que los involucrados sabían de las plazas a nombre de supuestos empleados del Legislativo. Se estima que son al menos 26 contratos irregulares, con cargos de secretarias ejecutivas, asistentes administrativos, técnicos operativos y guardias de seguridad.
