El desfinanciamiento que atraviesan la instituciones públicas ha empujado a la toma de medidas que afectan contra los programas sociales que benefician a gran parte de la población.
Una de las acciones que más impacto mediático ha conseguido es la anticipación de la clausura del ciclo en los Hogares Comunitarios y los Centros de Atención y Desarrollo Integral (CADI).
Muchas de las críticas en torno a la medida responde a una confusión, ya que tras la divulgación de una circular de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), algunos interpretaron que se trataba del cierre de los programas que llevan cerca de 18 años de atender a niños menores de 7 años.
Flor de María Madrid, directora de Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria de la Sosep, aclaró que no se trata de cesar el funcionamiento del programa que ofrece una oportunidad a 1,500 madres cuidadoras, para la formación de 15,612 niños, sino que se adelantó la clausura que generalmente se lleva a cabo entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre.
Madrid, quien asegura que no se había hecho algo igual antes, explicó que la decisión responde a la limitación de recursos que han tenido desde junio, pero que esto no impediría que el próximo 18 de enero se retomen las actividades.
Indicó que unos 100 centros continuarán abiertos por algunas semanas más a través del manejo de alianzas con las municipalidades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
La labor de estos hogares consiste en la capacitación, cuidado y alimentación de los hijos de madres solteras o padres trabajadores en un horario de 7:30 a 17:00 horas.
Exempleados del Ministerio de Desarrollo llevaron a cabo este 9 de octubre, una protesta en la calzada Atanasio Tzul en rechazo a los despidos injustificados que se han originado tras la llegada de Norma Quixtán a la administración de la cartera.
De acuerdo a uno de los afectados, en la última semana se ha obligado a firmar la carta de finalización de relaciones laborales a cerca de 30 personas, entre servidores cívicos, personal operativo, subdirectores y directores.
Un grupo que representa a los inconformes se reunió con Quixtán, afirmaron tener información de que se rescindirán los contratos del 70 por ciento del personal.
Una fuente que decidió permanecer en el anonimato detalló que no se ha dado justificación alguna al personal y que estos recortes han afectado en mayor proporción al personal técnico, ya que muchos de los individuos que ingresaron a la institución por “un favor político de la exvicepresidenta Roxana Baldetti”, aún permanecen en sus puestos.
Aunque se buscó una respuesta del Mides, el director de Comunicación, Veri Gramajo, solo confirmó que sí se han efectuado despidos y que será hasta el próximo lunes, que la titular se pronunciará al respecto.
La medida podría afectar la distribución de programas como Jóvenes Protagonistas, Becas Seguras y Bonos Seguros, así como la transición con el gobierno entrante, misma que debería iniciarse en noviembre por tratarse de un Ministerio novel, según personal del Mides.
Respecto a estos acontecimientos, la Red Interagencial por los Derechos de la Niñez, conformada por Unicef, CARE, Plan Internacional, Save the Children y World Vision Guatemala; emitió un comunicado en el que exhorta al Gobierno a reconsiderar todas aquellas medidas administrativas y financieras que repercutan negativamente en la niñez y adolescencia guatemalteca.
Las organizaciones internacionales reiteraron que la inversión pública en la infancia es un compromiso Estatal basado en los derechos humanos y que de ello depende el bienestar de más de la mita de la población, la gobernabilidad y el desarrollo del país.