La empresa Aceros de Guatemala se habría beneficiado de la manipulación de informes en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como del crédito fiscal, según reveló la fiscal generla Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, quienes resaltaron que la empresa habría dejado de pagar al estado más de 255 millones de quetzales.
Aldana indicó que todo empezó con tres querellas presentadas por la SAT en 2012, en las que se cuestionaba que muchas de las facturas que poseía la compañía de entre 2007 y 2009, correpondían a personas fallecidas o inexistentes.
Aceros de Guatemala fue denunciado inicialmente por Q255 millones, explica Velásquez @soy_502 pic.twitter.com/GrsRckKJZL
Aceros de Guatemala contrató a la entidad Tres Puertos para solventar su situación y así se habría beneficiado de la estructura cuyo centro era Geovanni Marroquín (capturado por el caso La Línea).
Marroquín habría influenciado en la manipulación de los informes que la propia SAT presentó al Juzgado Séptimo de Instancia Penal para librar la causa penal y limpiar el récord que le impedía a la empresa cobrar la devolución del crédito fiscal.
En esta operación, también intervino el abogado de Aceros de Guatemala, Frank Trujillo. Por parte de Tres Puertos, también estuvieron Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj y los intendentes de Asuntos Jurídicos, Alfonzo Romeo Castillo, y de Fiscalización, Ariel de Jesús Guerra.
Finalmente, la compañía, además de evitar los señalamientos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria, denuncias hechas por la SAT por la evasión de 255.6 millones de quetzales, logró agilizar la devolución de un crédito fiscal por 11.8 millones de quetzales.
Al respecto, la fiscal añadió que se logró constatar, mediante un cuadro encontrado en el teléfono de Marroquín, que de los 11.8 millones que quetzales que la compañía recibió, entregó un 11.5 por ciento a Tres Puertos, de lo que un 33.33 por ciento se repartió entre los altos mandos de la SAT involucrados.
Las autoridades agregaron que ya se arraigó a Guerra, a Trujillo y a la representante legal de Aceros de Guatemala, María Eugenia Valdés, quienes no fueron localizados el pasado 12 de febrero en sus viviendas.
Velásquez no descartó que este caso pueda tener relación con la estructura de La Línea. El pasado vierenes fueron capturadas 12 personas que habrían participado en la defraudación.
