Desde hace semanas, quizá desde finales de 2015, Guatemala vive una calma chicha.
En altas esferas del mundo empresarial y político, así como en círculos de la administración de justicia y medios periodísticos, se sabe que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) preparan una nueva ofensiva, similar en magnitud al caso de “La Línea”.
Sin dar detalles, un fiscal definió el próximo caso como un “tsunami”. La diferencia es que esta vez, los protagonistas no serán políticos sino empresarios.
Y no empresarios de la 19 calle de la zona 1, sino grandes empresarios del país.
¿Serán “emergentes” o de la “oligarquía criolla”? ¿De “los cabales” o de los “wannabes”? Nombres se escuchan de directores y consorcios. Certeza hay ninguna, salvo esta: que el golpe viene.
Igual que sucedió en Honduras, donde se supo por meses que la familia Rosenthal estaba bajo investigación de la Justicia de Estados Unidos, aquí la arremetida está anunciada.
Y como "en guerra avisada no muere soldado", varias fuerzas han confluido para generar una estrategia de defensa. Aquí algunas de sus manifestaciones más conspicuas:
La agenda del MP y CICIG ha acercado a dos grupos que históricamente han sido cercanos: empresarios y militares. La reactivación de juicios ligados al conflicto armado --como el reinicio del juicio por genocidio o el proceso de Sepur Zarco-- y la amenaza de procesos en contra de ejecutivos de alto nivel que podrían estar acusados de delitos fiscales o lavado de dinero, ha vuelto a reunir a estos grupos distanciados tras la firma de la paz.
No es la primera vez que esta confluencia ocurre. El juicio por genocidio, por ejemplo, facilitó un acercamiento que derivó en una sólida unión durante el debate público. En esta oportunidad, el nuevo gobierno, en especial el Presidente Jimmy Morales y algunos de sus aliados y colaboradores cercanos, como oficiales retirados, han gravitado hacia ese vértice.
Sin embargo, una unión como la que se dio en juicio genocidio no necesariamente va a repetirse en este nuevo escenario, donde los objetivos de MP y CICIG serían casos de corrupción, tráfico de influencias y prácticas empresariales deshonestas.
Todas las disputas iniciadas por MP y CICIG culminarán en la Corte de Constitucionalidad (CC), que será la entidad encargada de emitir los fallos finales. Cualquier sector interesado en frenar los procesos iniciados a partir del 16 de abril de 2015, tenían este año, el propósito primordial, sine qua non, de obtener control, o la ilusión de control, en la integración de esa corte.
En ese sentido, la elección de la nueva CC fue un éxito para "los poderes que son". Por ahora, los resultados parecen otorgarle un sonoro triunfo a las fuerzas que pugnan por presevar el statu quo: las voces con posibilidad de mostrar independencia de los grupos de poder y las mafias que operan en el país, se encuentran en franca minoría.
Intentaron sabotear a la Fiscal General, Thelma Aldana, por medio de cambios a la Ley del MP, pero fracasaron. De hecho, la Jefa del MP salió fortalecida de ese entuerto. Ahora Aldana tiene dos aliados importantes para proseguir con fuerza los casos que está trabajando: dos exfiscales, el hoy ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.
Ambos se encuentran en posiciones clave, sin ser parte de la “rosca” presidencial ni de los círculos militares afines al Presidente Jimmy Morales.
Contra el primero se escuchan ya muchas críticas, la mayoría provenientes del círculo inmediato al Presidente. Los reproches dirigidos hacia el ministro coinciden con hechos notorios de violencia y un repunte de crímenes y anomalías en el seno de las cárceles.
Asimismo, Presidencia tomó la decisión de solicitar apoyo a los militares para tareas puramente policiales, un gesto que también denotaría falta de confianza en la capacidad del Mingob.
A su favor, el ministro Rivas cuentas con el apoyo de la dupla MP-CICIG y de la Embajada de Estados Unidos. Durante la segunda semana de marzo, el ministro Rivas estuvo de viaje en Washington, al mismo tiempo que se encontraba en esa ciudad el embajador Robinson. ¿Una feliz coincidencia? ¿O una oportunidad buscada para generar apoyos de alto nivel?
Al Jefe de CICIG, Iván Velásquez, no lo han atacado de frente: el capital político que el abogado colombiano acumuló a lo largo de 2015 es demasiado importante.
A falta de esa posibilidad, sí se ha iniciado una batalla contra los embajadores y representantes diplomáticos más “incómodos”, quienes también son algunos de los principales financistas de CICIG. El primero, el más visible y poderoso, es el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson.
Luego de enfrentar diversos ataques desde redes sociales y columnas de opinión, en voz de activistas radicales como los asociados de la Fundación Contra el Terrorismo, Robinson estuvo en el epicentro de los reclamos presentados por el Nuncio y el Presidente Morales a los diplomáticos radicados en el país, a quienes pidieron abstenerse de opiniones o gestos que critiquen a la autoridad.
Las intervenciones de Robinson han generado ya un cruce de cartas altisonantes: una de protesta de la Cancillería Guatemalteca, luego de la entrevista que Robinson otrogó a elPeriódico, y al menos dos misivas, una de la Embajada de los Estados Unidos y otra de la Embajada de Alemania, al Nuncio, tras su pública amonestación a los diplomáticos.
¿Quién prevalecerá en este pulso? Vale recordar que no es la primera vez que la CICIG recibe estocadas: el gobierno del Partido Patriota lo intentó y salió más que trasquilado. Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, han recibido los golpes advirtiendo que la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica es ahora una de las prioridades de política exterior de Washington y que además...es una política bipartidaria, que va más allá del término de la presidencia del señor Barack Obama o incluso de un gobierno demócrata.
En las primeras semanas de su gobierno, el Presidente Morales ha intentado mejorar la imagen pública de Ejército, no sólo tras las condenas del caso Sepur Zarco, que sentenciaron a veteranos militares por someter a 11 mujeres a una situación de esclavitud sexual durante el conflicto armado, sino tras la infausta noticia de que una estudiante del Instituto Adolfo V. Hall de Retalhuleu fue violada por un soldado.
El Presidente anunció, después de ello, que el Ejército “donaría” 2 mil pupitres a las escuelas del país, fabricados por los propios soldados.
El gesto cayó en saco rato, tras los cuestionamientos sobre el origen de esta “donación” (¿acaso no se hizo con dinero público, obtenido de recursos fiscales?) y la pertinencia de ocupar a los soldados en asuntos como este, ajenos a las tareas reales de la Defensa.
El equipo de comunicación de la Presidencia ha insistido en mantener al margen a la prensa independiente, a la que no invita a las actividades de agenda pública de Jimmy Morales. Asimismo, el mandatario insiste en descalificar públicamente a los periodistas de medios independientes, negándose a responder a sus preguntas o interpelándolos en conferencia de prensa. Es preocupante que esta actitud escale con el tiempo.
Los call centers oficialistas siguen activos y no se descarta que ellos, y sus grupos afines, intenten acciones mayores a corto o mediano plazo.
Estos seis puntos son los ejes más visibles de una estrategia donde confluyen algunos miembros de la cúpula del gobierno, los círculos militares más conservadores, afines a la nueva administración y algunos grandes empresarios.
El factor que los une, por ahora, es el miedo. Habrá que esperar que pase la Semana Santa para ver si hay reacomodo de fuerzas después del "tsunami".
En todo caso, lo importante para Guatemala es que prevalezca la búsqueda de la Justicia. Con debido proceso, desde luego, pero con el genuino interés por construir ese Estado de Derecho, con igualdad ante la Ley, que llevamos décadas diciendo que anhelamos ver consolidado en nuestro país.
