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La Contraloría General de Cuentas (CGC) envió un oficio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se señala que 21 alcaldes electos eran contratistas del Estado en el momento en que se realizó la convocatoria a elecciones y se inscribieron como candidatos.
Dos prohibiciones pesarían sobre ellos: una contenida en el Código Municipal y otra en la Ley de Contrataciones. Sin embargo, el pleno de magistrados del TSE deberá evaluar los casos, pero aún no hace pública su decisión.
Varios de los alcaldes electos podrían tener que dejar sus cargos, pues tienen contrataciones con la propia Municipalidad que ahora dirigen, pero esa decisión debe tomarla el Concejo Municipal de cada municipio.
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