Tres altos ejecutivos del Banco de los Trabajadores, Bantrab, firmaron un acuerdo confidencial con el inversionista venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, mediante el cual buscaban convertirse en los principales accionistas de ese banco.
El presidente del Grupo Financiero Bantrab, Sergio Hernández; el gerente general, Ronald García; el integrante de la Junta Directiva, Eduardo José Liu Yon y el empresario venezolano firmaron el documento donde se revela cómo intentaron, sin éxito, apropiarse del 80% de las acciones de Bantrab.
Esta operación iba en perjuicio de más de medio millón de accionistas registrados, entre los cuales se encuentran el Estado de Guatemala y miles de trabajadores guatemaltecos que capitalizaron a dicha entidad mediante aportes de su salario, en las décadas de 1960, 1970 y 1980.
"Corresponde al Ministerio Público y los tribunales determinar si hay responsabilidad de los firmantes", indicó el titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, quien explicó que la posición financiera de Bantrab es sólida y no debe verse afectada por lo que individuos puedan haber hecho a título personal.
El Presidente del Grupo Financiero Bantrab, el señor Hernández, asegura que estas acusaciones son producto de una conspiración con alcance internacional y enfatiza que jamás firmó un acuerdo secreto, cuya existencia y validez legal él pone en duda.
Las autoridades, mientras tanto, ya han tomado acción. El Presidente Jimmy Morales destituyó a Hernández de la Presidencia de Bantrab el 17 de marzo de este año. El mandatario no explicó los motivos de la remoción, pero fuentes oficiales ligadas a la investigación aseguran que esta es la causa.
Luego, el 8 de abril, el juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda, pidió el embargo del lote de 15 millones 655 mil acciones preferentes de Bantrab, que son propiedad de la firma panameña DHK Finance Inc., representada por Socorro Urdaneta.
El pacto entre los ejecutivos de Bantrab, quienes se denominaban a sí mismos "G3", y Socorro Urdaneta, habría permanecido oculto a no ser porque forma parte de un proceso judicial que se ventiló en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde Bantrab fue acusado y condenado por un impago a un consultor financiero.
La juez Ursula Ungaro, a cargo del proceso, ordenó una requisa electrónica de las computadoras de Bantrab y gracias a este procedimiento, logró ubicarlo.
El "Acuerdo de entendimiento" se encuentra como "Exhibit A" (páginas 24 a 28) en este documento:
Solicitud de Sanciones contra BantrabEl documento, titulado “Acuerdo de entendimiento”, estipula que fue firmado en la ciudad de Miami el 14 mayo de 2012, entre tres de las máximas autoridades del Banco --Hernández, García y Liu Yon-- y Socorro Urdaneta.
El documento establece en su primera cláusula que Bantrab acepta realizar una emisión de 20 millones de dólares de acciones preferentes, sin voto, perpetuas y con un dividendo garantizado de 12% o “la proporción de los dividendos declarados anualmente, lo que sea mayor”.
Por ley, el capital autorizado de Bantrab es de 200 millones de quetzales. Esta emisión de acciones preferentes equivale a más de 156 millones de quetzales, es decir, cerca del 80% del capital autorizado.
La segunda cláusula indica que para suscribir las acciones se utilizará una compañía llamada “Vehículo de Inversión Especial o VIE”. El lote accionario debe cancelarse en un solo pago, aportado por Socorro Urdaneta.
La cláusula tercera revela la parte medular de la confabulación: “Hidalgo Socorro y el grupo G3 acuerdan participar en el VIE en participaciones iguales (50/50), inmediatamente después de ejecutar la adquisición de acciones preferentes”.
De esta forma, el “G3” de Bantrab, conformado por Hernández, García y Liu Yon, acuerda adueñarse de un lote accionario que representa el 40% del total del capital autorizado del banco. El venezolano se queda con el otro 40%.
En su cláusula cuarta, el “G3” acepta pagarle 10 millones de dólares al venezolano por su participación, en un máximo de cuatro años, con “los flujos provenientes de su participación accionaria”, es decir, del mismo dinero que van a recibir por el trato.
El “Acuerdo” se acompañó de una tabla de flujos de dinero para establecer la repartición de dividendos.
El documento firmado establece que las acciones preferentes que adquiriría el “G3” con Socorro eran preferentes, sin derecho a voto.
Sin embargo, el segundo punto de los “considerandos” del “Acuerdo de entendimiento” enfatiza que “en el momento en que las condiciones legales lo permitan, procederán a la conversión de acciones preferentes a acciones comunes, con los mismos privilegios que a éstas últimas les pueda proporcionar su ley de creación o pacto social”.
Esto indica que existía el plan de transformar las acciones preferentes, sin voto, a acciones comunes, con voz y voto. Esta intención se refuerza en la cláusula quinta, donde se indica que “mientras las acciones preferentes no sean convertidas a acciones comunes, Hidalgo Socorro tiene el derecho de participar, cuando lo considere necesario, a través de un delegado que en su calidad de asesor podrá ser invitado a las sesiones de Junta Directiva de Bantrab”.
Un año después de suscrito el “Acuerdo de entendimiento” secreto, la SIB autorizó una emisión de acciones preferentes de Bantrab a favor de la entidad registrada en Panamá DHK Finance Inc., por medio de la resolución 401-2013, fechada el 27 de mayo de 2013.
El inversionista venezolano Socorro Urdaneta es el representante de DHK Finance Inc., que posee una inversión en Bantrab de 20 millones de dólares de acciones preferentes Serie B, equivalentes a más de 165 millones 500 mil quetzales, adquiridas a 10 quetzales cada una. Este lote accionario fue embargado desde el 8 de abril, por el juez de extinción de dominio, Marco Antonio Villeda.
Las autoridades creen que esta inversión es el resultado del “Acuerdo de entendimiento” que el “G3” de Bantrab realizó con Socorro Urdaneta.
Fuentes oficiales allegadas a la investigación que solicitaron el anonimato, aseguran que además de ejecutar esta operación, DHK Finance Inc., recibió dividendos por varios millones de quetzales en 2013 y 2014.
En 2013 y 2014, DHK Finance Inc., habría recibido un dividendo de 23% y en 2015, uno de 12%. Sin embargo, el monto de 2015 fue embargado al mismo tiempo que se congelaron los derechos accionarios.
En Guatemala la existencia del “Acuerdo de entendimiento” fue conocida hasta hace pocos meses y solo por las autoridades. Sin embargo, en Estados Unidos, los alcances de este documento se discutieron en el juicio en el que Bantrab fue acusado de impago en la Corte del Distrito Sur de Florida.
En el transcurso del proceso, los banqueros guatemaltecos fueron interrogados al respecto del “Acuerdo de entendimiento”. Tanto Hernández como García indicaron no recordar que lo habían firmado e insistieron en no reconocer su firma.
A diferencia de ellos, cuando fue interrogado el señor Liu Yon, él sí reconoció su firma y la de sus compañeros, sí recordó haberlo suscrito, sí recordó haber hecho una copia física del mismo, sí reconoció que los tres ejecutivos guatemaltecos se hacían llamar “G3”, y sí recordó haber recibido más correos electrónicos sobre la sesión en la cual “el Acuerdo de entendimiento” se pactó y firmó.
Cuestionado nuevamente sobre el documento por Soy502, Hernández indicó que su registro migratorio comprueba que él no estuvo en Miami el 14 de mayo de 2012, fecha que encabeza el "Acuerdo de entendimiento". También insistió que no firmó el documento y que jamás podría haberse comprometido a realizar una transacción ilegal y contraria a la ley orgánica de la entidad.
La juez Ursula Ungaro, a cargo del proceso, condenó a Bantrab a pagar su deuda. Por otra parte, emitió contra el Banco y los tres ejecutivos una sanción inapelable de 161 mil 911 dólares, por haber actuado de mala fe y causado retrasos significativos en el proceso.
Mira el documento de las sanciones aquí.
“Sería gravísimo que los ejecutivos de Bantrab hayan firmado y ejecutado este Acuerdo”, afirma el ex ministro de Finanzas, ex Presidente del Crédito Hipotecario Nacional y ex Director del Banco De Integración Económica, Edgar Balsells Conde.
El economista indicó que este documento implica varias violaciones a las leyes bancarias del país, a la ley orgánica de Bantrab y a las regulaciones internacionales.
“El capital de un banco jamás se podría modificar en un convenio confidencial, privado o escondido, menos en un banco como éste que tiene carácter público”, puntualizó Balsells.
“El documento revela una capitalización con un obvio problema de agencia”, dijo Balsells. “Insólito que exista semejante problema de gobernanza en el Bantrab”.
El abogado mercantil y tributarista Mario Archila también se mostró sorprendido al conocer el documento.
“El artículo 26 de la Ley Orgánica de Bantrab prohíbe que una persona individual o jurídica pueda poseer más de 2,000 acciones comunes”, indicó Archila. “Estas acciones preferentes jamás podían ser convertidas a comunes”.
El abogado indicó que el documento revelaría que se construyó una estructura para burlar la ley.
“Sospecho que no hubo revelación suficiente, ni a los accionistas ni a la SIB”, dijo Archila. “Cuando entra un accionista nuevo, hay protección de minorías, no se puede diluir así a los demás”.
Adicionalmente, el abogado manifestó preocupación por el derecho a dividendos inherente a las acciones. “Pareciera que están drenando las utilidades del banco. El propio Bantrab habría financiado la adquisición de los ejecutivos”, afirmó.
En el expediente judicial que se encuentra en la Corte del Distrito Sur de Florida, obra otro documento, un correo electrónico fechado el 10 de octubre de 2013, que habría sido enviado por Ronald García, Gerente de Bantrab, a Sergio Hernández, ex Presidente del Banco, donde se hace referencia al “Acuerdo de entendimiento”.
En ese documento, García indica que “la alianza” se llevó a cabo sin tener la venia de nuestro ente fiscalizador (la SIB). También anota que posteriormente habrían reparado en la imposibilidad de convertir las acciones de preferentes a comunes.
Por tales razones, en el correo propone dejar sin efecto el “Acuerdo de entendimiento” suscrito en el año 2012.
En la revista Contrapoder del 22 de abril, en la portada, aparece el señor Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, aportando su versión acerca del embargo de las acciones de DHK Finance, Inc., que él representa. Ahí el venezolano dice: “alguien se quiere quedar con ese banco y no soy yo”…
Este 24 de abril, la calificadora de riesgo Moody´s bajó la calificación de la perspectiva de Bantrab de “estable” a “negativa” por el embargo de las acciones de DHK Finance, Inc.
Pese a ello, el titular de la SIB, José Alejandro Arévalo, asegura que la posición de Bantrab es sólida, pues éste es un problema de personas, no de la institución. “Es un asunto de derechos, no un problema financiero”, indicó el funcionario, quien reiteró que los indicadores económicos y financieros del Banco siguen siendo adecuados en cuanto a solvencia y liquidez.
