Escuchas telefónicas, fundamentales para la investigación del caso #RedSAT

Las escuchas telefónicas que utilizó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso que se sigue por defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), son fundamentales porque se elimina la "prueba reina" del testimonio, afirman abogados consultados. 

 

La jueza Marta Sierra comenzó desde el viernes a escuchar la imputación de delitos y las pruebas científicas contra los 20 miembros de la estructura, liderada por el exsecretario Privado de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien se encuentra prófugo y con orden de captura internacional y los dos últimos titulares de la SAT.

 

 

El ente investigador y la CICIG cuentan con 66 mil grabaciones de conversaciones telefónicas y 6 mil correos electrónicos que utilizarán a lo largo del juicio para enviar a prisión a la red de contrabando. 

 

 

Según Oswaldo Samayoa, analista en temas penales, las herramientas tecnológicas, incluidas las llamadas telefónicas, "son fundamentales para dar mayor certeza a la investigación", puesto que se elimina la famosa "prueba reina", que no es más que la utilización de testigos. 

 

 

 

Carlos Vega, analista de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explicó que cuando la CICIG menciona que no se necesita "un solo testimonio", significa que las pesquisas se basan en pruebas científicas, fotografías, correos y escuchas, por lo tanto el proceso debe ser menos complicado. 

 

 

 

 

La Ley contra la Delincuencia Organizada, vigente desde 2006, es el marco normativo general que regula las actividades de inteligencia y el combate de la criminalidad en Guatemala. El tercer capítulo entero está dedicado a las “Interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación”.

 

 

El viernes pasado la CICIG y el MP presentaron una serie de escuchas telefónicas para que el juzgado tomara la decisión de enviar a proceso penal a los acusados e iniciar con el juicio por el delito de asociaciones ilícitas para la defraudación aduanera. 

 

 

Los Artículos 55 y 56 de la normativa contra la delincuencia, sostienen que las interceptaciones, grabaciones y reproducciones deben ser realizadas “por personal especializado de la Policía Nacional Civil” en dependencias del Ministerio Público, denominadas “unidades de terminales de consultas”. “Todas las empresas prestadoras de servicios de comunicación telefónica, informática u otras de naturaleza electrónica, deberán colaborar con la fiscalía con el equipo necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas por sus servicios”, continúa el texto.

 

 

Además, el artículo 57 dice que los jueces penales “deberán acudir a verificar que los procedimientos se estén desarrollando de conformidad” a la ley y “que no se estén desarrollando interceptaciones, grabaciones o reproducciones de comunicaciones no autorizadas”. Cada quince días, los fiscales tienen la obligación de presentar a los magistrados un informe –oral o escrito- sobre el desarrollo de las escuchas.