Las empresas de telecomunicaciones Tigo, Claro y Telefónica, apelan la multa que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) les impuso por incumplir el bloqueo de la señal de teléfonos celulares dentro de las cárceles del país y señalan que no han visto un solo juicio de alguien que haya ingresado un celular a las prisiones, lo cual es un delito.
La SIT multó por casi 6.9 millones de quetzales a las tres empresas proveedoras del servicio de telefonía celular en el país, por incumplir con lo dispuesto por la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, pero, según las empresas de telecomunicaciones, no se realizó ningún estudio técnico para demostrar las fallas.
Acisclo Valladares, presidente de la Gremial de las Empresas de Telecomunicaciones, explicó que no tienen inconvenientes en pagar las multas, si se demuestra que realmente fallaron, pero no se ha realizado ningún estudio técnico que demuestre que el trabajo hecho por las empresas de telecomunicaciones no es efectivo.
Recurso de revocatoria
Francisco Evertsz, representante de Telefónica, explicó que las empresas de telecomunicaciones pidieron un recurso de revocatoria, ya que invirtieron más de 13 millones de quetzales para comprar los bloqueadores de señal y garantizan que estos funcionan.
Por su parte, Karen Orellana, representante de Claro, comentó que existen pruebas suficientes para determinar que no hay señal de teléfonos en los centros preventivos. "Suficiente tenemos con las quejas de los usuarios que son vecinos de estas cárceles, porque ellos también fueron afectados", indicó.
