Un contrato millonario suscrito con la Dirección General de Migración fue cuestionado en el Congreso de la República, pues se trata del mismo empresario que posee un proceso penal abierto por el caso del Lago de Amatitlán, con una compañía de origen israelí que pretendía limpiar el agua con una “fórmula mágica”.
El contrato en cuestión firmado en octubre de 2012, entre Migración y la empresa Técnicas y Sistemas de Seguridad, (TSS) Sociedad Anónima, de la cual es representante legal Uri Roitman, el mismo empresario que era representante también de la compañía M. Tarcic Enginnering.
A la empresa TSS, S.A., se le adjudicó el contrato con Migración por 8 millones 601 mil 600 quetzales, para la instalación de un sistema y arrendamiento de equipo para la emisión de pasaportes en los diferentes centros a cargo de Migración, pago que se ha realizado de forma mensual de 900 mil quetzales durante los últimos dos años.
El diputado de Winaq, Amílcar Pop, le pidió al director de Migración, Carlos Pac López que rescinda el contrato, ya que existen serios señalamientos en contra de Roitman, y porque la justificación del arrendamiento del equipo no es clara.
Por su parte, el director de Migración, Carlos Pac López, explicó que no rescindirá el contrato hasta que se haga un análisis del mismo ya que la empresa lleva dos años prestando el servicio.
Embargo de bienes
En este sentido, la Procuraduría General de la Nación (PGN) busca que los bienes de la empresa M. Tarcic sean embargados ya que esta se negó a devolver 22.8 millones de quetzales que la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (Amsa) pagó como adelanto para iniciar el vertido de la fórmula.
En total, M. Tarcic fue contratada por un monto de 137.8 millones de quetzales, que ya no fueron pagados. La petición directa de la PGN es que las cuentas bancarias de esta empresa, así como sus propiedades sean inmovilizadas con el fin de garantizar la devolución de los 22.8 millones.
