"El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República", reza el Artículo 153 de la Constitución, que se ha convertido en el estandarte de múltiples denuncias contra funcionarios, incluyendo a los centinelas de la justicia. En esta ocasión, el blanco de señalamientos es la secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz.
En las últimas semanas, en las redes sociales se ha advertido un aumento de críticas hacia la mano derecha de la fiscal general, Thelma Aldana. Sin embargo, los señalamientos no se han quedado en simples publicaciones en el ciberespacio, pues tras el accionar de algunas personas, han originado dos investigaciones en contra de la secretaria.
El primer caso corresponde a las denuncias que la exfiscal Heidy Tamara de León hizo contra Véliz y el secretario de Política Criminal, Rootman Pérez, por supuestas presiones para presentar la acusación en el proceso judicial que se sigue por la muerte de decenas de personas tras un deslizamiento en El Cambray 2.
Aunque fue de León quien hizo público un audio en el que Véliz supuestamente la presiona para llevar a juicio al actual y al exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes y Antonio Coro, la Fundación contra el Terrorismo fue la que planteó una querella en la que se destaca la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y obstaculización a la acción penal por parte de los funcionarios del MP.
Lo anterior llevó al Juzgado Décimo de Instancia Penal a ordenar, en marzo, el nombramiento de un fiscal especial para "garantizar la independencia". Por su parte, Thelma Aldana descartó la medida al considerar que "ningún juez tiene facultad de ordenarle" tal medida.
La jefa del ente investigador explicó, unas semanas después de la resolución judicial, que la querella fue recibida por la Oficina de Atención Permanente y debía ser trasladada a la Fiscalía de Asuntos Internos; pero debido a que algunos de sus integrantes también han sido denunciados, se envió a la Fiscalía contra la Corrupción.
Cerca de la quincena de mayo, un video que señalaba presiones de parte de Véliz fue divulgado en las redes sociales. Su protagonista fue la jueza de femicidio Michelle Dardón Aguilera, quien dijo sufrir "vejaciones".
"Nos obliga a reunirnos con el MP, específicamente con la Fiscalía de la Mujer, para darnos instrucciones de cómo resolver, cuántas órdenes de capturas quieren y en qué casos debemos dar prisión preventiva”, afirmó la juzgadora, quien agregó que, luego de que ella se negara a seguir las órdenes de Véliz, se "inició una persecución" en su contra a través de "escuchas telefónicas ilegales y denuncias espurias".
A raíz de la publicación del clip, Aldana ordenó una investigación de oficio. El expediente, al que después se sumó una querella de la jueza, fue asignado a la Fiscalía de Asuntos Internos.
Fiscal General ordena investigación de oficio. pic.twitter.com/8BixRsjtY4
En su momento, Romeo Santos, de la fiscalía en mención, dijo que la investigación se desarrolla como si se tratara de cualquier ciudadano y que si en algún momento se advierten indicios de la comisión de un delito, se accionará ante los órganos jurisdiccionales como corresponde.
Por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, se estableció que hasta el 4 de julio, Véliz no tenía registro de alguna denuncia en su contra.
Ese mismo día, a través de una carta firmada por Thelma Aldana, se le ordenó al fiscal Romeo Santos trasladar el expediente a Nery Orlando Baten Elías, fiscal especial para esta investigación.
La vocera del MP, Julia Barrera, dijo que el cambio se hizo por decisión de la fiscal general, tomando en cuenta que Santos también recibió una denuncia en su contra y no podía conocer el expediente.
Por su parte, Baten aseguró que un mes antes del nombramiento empezó un proceso para obtener el cargo de fiscal especial y que, tan solo unos días después de que se le confirmara en el puesto, Aldana le trasladó el expediente.
El primer paso que Baten dio en la investigación fue buscar la versión de la denunciante, por lo que citó a Dardón para el 18 de julio. Sin embargo, la jueza no se presentó y, por el contrario, planteó una recusación en contra del fiscal, bajo los argumentos de coacción y de no cumplimiento a la Ley en Materia de Antejuicio.
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El profesional aclaró que no está faltando al derecho de antejuicio de Dardón debido a que solo se le escuchará en calidad de denunciante. Además, afirmó que para continuar con la investigación debe esperar la resolución del recurso planteado en contra de él.
