Este 16 de abril se cumplen dos años de que se destapara el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, el cual empujó a la renuncia del binomio presidencial, así como su posterior captura con más de 60 implicados más.
Sin embargo, los meses transcurren y el proceso se encuentra entrampado por una serie de acciones legales interpuestas por los acusados.
Hasta el momento se han presentado 26 amparos y 29 apelaciones solicitadas por el Ministerio Público. En estos dos años no se ha permitido que el juez Miguel Ángel Gálvez realice la audiencia de etapa intermedia (en la cual se decidirá si los envía a juicio) y aún tiene que resolver si los 62 sindicados deben enfrentar proceso.
La estructura de La Línea
En esta estructura criminal, encabezada supuestamente por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, se encuentran implicados también otros funcionarios y particulares que por medio de redes político-económicas ilícitas montaron todo un plan para enriquecerse de forma ilegal.
#CasoLaLínea| Una investigación sólida realizada por el MP y la CICIG pic.twitter.com/PcmuXwmZVU
El 16 de abril de 2015, el Ministerio Público junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer una investigación que reveló que el principal propósito fue corromper el sistema aduanero, principalmente en Puerto Quetzal.
La investigación reveló que los principales operadores de La Línea fueron Juan Carlos Monzón Rojas, quien era secretario privado de la Vicepresidencia, y Salvador Estuardo González, quien fue contratado para llevarles las finanzas al exbinomio presidencial.
De La Línea se conocieron otros casos como El Bufete de la Impunidad, Cooptación del Estado y el crédito fiscal a Aceros de Guatemala.
¿Qué sigue?
El próximo 18 de abril, el juez Gálvez conocerá dos recusaciones que, si se resuelven, podrían abrir la puerta para que se lleve a cabo la audiencia que pueda enviar a debate a los señalados.
