Desde hace tres años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció el acceso a la información pública como un derecho humano. Pese a ello, la Junta Directiva del Congreso aprobó un acta que le permite restringir la información que entregará al público, así como a quién se la dará.
El acuerdo se hizo a través de un acta de Junta Directiva que sólo está firmada por el presidente del Congreso, Álvaro Arzú; y los secretarios Ernesto Galdámez y Juan Ramón Lau, quienes la emitieron el 20 de agosto.
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En el documento realiza por primera vez una clasificación de la información del Congreso. Da la potestad, a discreción, a la Junta Directiva de definir cuál es información sensible, confidencial o reservada.
Aunque establece que "la información que se considere sensible... o que no se encuentre disponible en los medios electrónicos adecuados, deberá de ser proporcionada directamente por la Unidad de Información Pública del Organismo Legislativo, en la forma y tiempo que establece la ley".
Sin embargo, el primer Secretario del Congreso, Ernesto Galdámez, aseguró: "No toda la información que maneja el Congreso está disponible para todos los ciudadanos, porque se maneja información que está considerada como clasificada".
¿Como cuál?, se le cuestionó. "Por ejemplo, datos personales de los diputados que no están en la página; también el Orden del Día, que yo no estoy de acuerdo en que se publique un proyecto cuando no ha sido discutida y aprobada por Junta Directiva y Jefes de Bloques, por ponerle dos ejemplos infantiles, como así información que sea íntima del Congreso", respondió el legislador.
El primer Secretario indicó que la Directiva también definirá a quién le entregan la información. "Quien solicite la información deberá respaldar su competencia... si alguien solicita un dato, tiene que respaldar por qué lo está pidiendo", detalló.
Según Galdámez, la intención no es limitar la libertad de prensa, pero aclaró que los periodistas debe hacer sus requerimientos a través de la Unidad de Acceso a la Información y cumplir con los plazos establecidos, de lo contrario podría tratarse de tráfico de influencias.
En el documento se derogó el acta de Junta Directiva 3-2012 emitida durante la presidencia del exdiputado Gudy Rivera, pero al solicitarle una copia al primer Secretario, este se negó y pidió que se hiciera a través de la Unidad de Acceso a la Información pues "ninguna persona tiene cuello" y "no se tiene que abusar de la autoridad, ni de la confianza".
Escucha aquí lo que dijo:
Critican medida
Roberto Alejos, expresidente del Congreso, criticó la medida de la Junta Directiva. "No es sano, tienen que recordar que la Constitución manda como información clasificada solo los temas de seguridad nacional y los que estén establecidos en convenios internacionales, y la Constitución está por encima de cualquier ley o acta".
Para el excongresista, lo mejor es "abrirse más, porque manejarse con transparencia ayuda a gobernar. En lugar de ocultar información deben entregar todo lo que pidan. El problema es que se van a encontrar con que no despidieron a la gente que dijeron y en lugar de eso están contratando más, o les van a descubrir que han hecho incrementos salariales desmedidos a personas específicas, eso es lo que quieren ocultar".
Alejos aseguró que el problema en el Congreso es que "son muy solidarios como gremio", por ello es que "muchos aplaudirán la medida, pero se les puede revertir".
Aquí el documento completo:
El presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Organismo Legislativo, Amílcar Pop, calificó de "atentado" la disposición de la Directiva dirigida por Arzú. "El acceso a la información pública es considerado como un derecho humano y debe respetarse como tal", señaló.
Pop indicó que la intención de la actual Directiva es consolidarse en el puesto, así que están tratando de "beneficiar" a los "grupos que quieren que todo sea discrecional", y aseguró que analizará el acta para presentar acciones legales en contra del documento para revertirlo.
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