Hace cuatro años, por un problema de conteo de votos, el diputado Walter Félix no pudo asumir la curul que había ganado como representante de Huehuetenango. Tras contarse de nuevo los votos, el diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) finalmente tomó posesión de su cargo, que en primera instancia no había ganado.
Asumió hasta el 25 de noviembre de 2013 y no el 14 de enero de 2011, como la mayoría de sus colegas. Sin embargo, antes de que termine la presente legislatura, exige que el Estado de Guatemala le reconozca esos dos años, once meses y nueve días que no tuvo goce de sueldo, ya que no se le había otorgado la curul por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
De tal forma, que por ese tiempo, el legislador exige recibir casi un millón de quetzales (900 mil para ser exactos), por considerar que hubo un fraude electoral porque el TSE le entregó la credencial a Estuardo López Soto, aún cuando Félix tenía más votos que él. El legislador de la URNG inició una batalla legal que culminó en la Corte de Constitucionalidad, institución que le dio la razón y el 11 de noviembre le retiró la diputación de Huehuetenango al Partido Patriota.
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Félix afirma que tuvo daños de tipo político, económico, social y moral. "Todo eso se puede cuantificar económicamente, pero hay cosas que no se pueden valorar de forma material. Hay daños que son irreversibles”, señala el legislador.
Durante los 20 meses en que López Soto fue diputado, recibió un monto cercano a los 679 mil quetzales entre salarios, dietas, aguinaldos y bonos 14. Félix espera recibir esto y más, porque dice haberle pagado a varios abogados para que interpusieran recursos en el TSE, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Además, enfatiza en que tuvo daños psicológicos por no poder asumir el cargo a pesar de que había recibido los votos necesarios.
El diputado espera que su caso avance en un juzgado del ramo civil para que el Estado, a través del TSE, le pague "por los daños sufridos".
Demanda cuesta arriba
El abogado Gabriel Orellana considera que la demanda está cuesta arriba, porque el Estado ya le pagó al diputado López Soto, quien tampoco tendría por qué devolver el dinero recibido debido a que el TSE legitimó su nombramiento y en el fallo de la CC, que le dio la curul a Félix, no se consigna como error o fraude la designación de López Soto como diputado.
En tanto que el magistrado del TSE, Estuardo Gamalero, señala que cualquier persona está en la libertad de pedir pero que, en caso de prosperar la demanda, golpearía al pueblo de Guatemala, ya que la idemnización sería pagada con fondos públicos.
