Este lunes 5 de enero, fecha en la que está programado el inicio del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, la Presidenta del Tribunal B, Janet Valdez, deberá manifestarse sobre la recusación que presentó en su contra la defensa del ex Jefe de Estado.
Valdez deberá decidir si acepta o no la solicitud para no conocer el caso que acusa a Ríos Montt y a José Mauricio Rodríguez Sánchez de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Si la jueza reconoce la recusación, el Tribunal B deberá buscar un juez sustituto. Hasta que se encuentre un reemplazo, y no existiendo oposición en contra por las partes, el Tribunal quedará facultado para conocer el caso.
Si en cambio Valdez no acepta excusarse, la jueza seguirá integrando el tribunal y deberá elevar la solicitud de la defensa a la Sala de Mayor Riesgo, quien decidirá si el rechazo a la recusación fue acertada.
Hasta que la Sala no avale o repruebe la decision del tribunal, el juicio no podrá iniciar. El rechazo de la defensa en la participación de Valdez en el caso se debe a que la profesional opinó que en Guatemala sí hubo genocidio en su tesis de maestría, lo que obstruiría su imparcialidad.
"Este argumento no está claro y no es válido porque, si la recusación tiene como base la tesis de la licenciada Valdez, ésta fue presentada a destiempo porque el tribunal lleva ocho meses integrado y están utilizando esta estrategia a último momento", dijo Miguel Moerth, representante de la Comisión Internacional de Juristas.
Más obstáculos
Pero las dudas del caso aún persisten con o sin Valdez en el Tribunal, ya que hay otro obstáculo que podría impedir el juicio y el conocimiento de la excusa médica que la defensa de Ríos Montt presentó para que el militar retirado no participe del juicio de manera física, sino que sea representado por sus abogados.
Además, el expediente original del caso no está en manos del tribunal, sino que está en la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por una acción presentada por la defensa de Ríos Montt.
La defensa alega que sin este documento que tiene las pruebas del caso, no puede iniciarse el juicio; pero por otro lado, el abogado querellante de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Edgar Pérez, opinó que esto no debería obstruir el avance del juicio.
