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Cuatro personas, que se sospecha son trabajadores de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. fueron capturadas en San José del Golfo, al portar 19 costales en cuyo interior transportaban concentrado de mineral de oro y plata, informó el Ministerio Público (MP).
A pesar de que la actividad minera en el proyecto Progreso VII Derivada está suspendida tanto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como por la Corte de Constitucionalidad (CC), denuncias de varias personas que se mantienen en resistencia en el sector, alertaron sobre la extracción ilegal de los recursos naturales, por lo que la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente coordinó la aprehensión de los sospechosos.
En trabajo conjunto de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente y PNC, se realizó la aprehensión de 4 personas, quienes presuntamente 1/3
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 9 de mayo de 2016
laboran en Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. Detenidos llevaban en un vehículo, 19 costales de concentrado de oro y plata. 2/3
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 9 de mayo de 2016
4 capturados en #LaPuya Sn José del Golfo, c/19 sacos de concentrado de mineral de oro y plata, sin el permiso legal pic.twitter.com/8EzD5zBDmN
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 10 de mayo de 2016
En el vehículo con placas P-020FWF que salió de las bodegas de la mina, donde se movilizaban las cuatro personas, fue localizado el material cuyo valor ronda los 100 mil dólares.
Según dictámenes técnicos valor de cada uno es $100 mil. Detenidos son sindicados por delito de explotación ilegal de recursos naturales.3/3
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 9 de mayo de 2016
Los detenidos fueron identificados como Wilder Nain Sandoval Revolorio, de 31 años; Edwin Rubén Véliz, de 23 años; Miguel Ángel García, de 46; y Julio Macario Valle, de 30 años.
La CC notificó la semana anterior que la licencia minera estaba suspendida mientras se realizaran las consultas comunitarias necesarias para su operación.
Según el amparo presentado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), el otorgamiento de la licencia sin una consulta previa, viola los derechos comprendidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales.
