En el Ministerio Público ha sido presentada una denuncia Penal en contra del Presidente Otto Pérez Molina "por atentar flagrantemente contra la Constitución Política de la República y las leyes del Estado" al hablar públicamente sobre una reforma constitucional que amplíe el mandato presidencial, de diputados y alcaldes. La demanda ha sido planteada por representantes de la Plataforma Ciudadana, un movimiento que busca la reforma del Estado a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
El sociólogo Álvaro Velásquez, representante de Plataforma Ciudadana, dijo que espera que la Fiscal General Thelma Aldana actúe de conformidad con la ley y el mandato que le asigna la Constitución y proceda de acuerdo con la solicitud de antejuicio.
Plataforma Ciudadana es un grupo político-ciudadano, organizado desde el 2013 que busca un cambio constitucional por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, aseguró Velásquez.
"El presidente ha venido promoviendo una ampliación a su mandato a través de los medios de comunicación, sus funcionarios y diputados al congreso de la república. También ha sido fortalecido por otros presidentes de organismos de estado que se han pronunciado de similar manera. Es una violación flagrante a la consitución Política a las leyes y sobre todo al Código Penal", añadió Velásquez.
El abogado Maynor Berganza, quien representa a la Plataforma Ciudadana explicó que la discusión y propuesta de una reforma de este nivel, debe ser discutida a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
"Ellos son los únicos que pueden discutirlo, hacerlo a otro nivel es un delito establecido por la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución aprobada en 1985", dijo Berganza.
Berganza detalló que la denuncia está planteada tanto en contra de Pérez como en contra de José Arturo Sierra, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Roberto Molina Barreto, actual presidente de la Corte de Constitucionalidad y el diputado del Partido Patriota, Valentín Gramajo, por pronunciarse públicamente para referirse "a la conveniencia de reformar la Constitución...".
El abogado constitucionalista, Alejandro Balsells cree que en este momento el presidente no ha cometido ningún delito, pero que los diputados que firmen una iniciativa en el Congreso que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente sobre ese tema específico si cometerían un delito.
"En este momento no hay nada oficial y el presidente no ha presentado ninguna iniciativa", adujo Balsells.
"El solo hecho de mencionarlo (la prórroga del mandato o la reelección) es un delito. Cualquier apología de reformar la constitución para efectos de ampliar el mandato es un delito y el presidente sí lo cometió cada vez que lo habla públicamente", indica el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino.