A principios de los años 80, un joven abogado y político principiante llamado Edmond Mulet se dedicaba a tramitar adopciones de niños guatemaltecos para parejas canadienses. Esto lo llevó a tener problemas con la justicia, e incluso a pasar quince días en la cárcel en 1981.
Una investigación realizada por Pilar Crespo y Sebastián Escalón, del diario digital Plaza Pública, revela nuevos detalles del caso judicial al que se enfrentó el hoy Secretario General Adjunto de la ONU, tres veces diputado, expresidente del Congreso y posible candidato presidencial en las próximas elecciones.
Los problemas judiciales de Mulet comenzaron en noviembre de 1981 cuando agentes policiales del cuerpo de detectives arrestaron en el hotel Camino Real a cuatro mujeres canadienses que se preparaban a regresar a su país con cinco menores. Poco después, Edmond Mulet y las madres de los menores fueron también detenidos.
En ese entonces, la ley permitía las adopciones internacionales. Sin embargo los investigadores policiales encontraron evidencias que el proceso de adopción no se había hecho según las normas establecidas.
Por ejemplo, los niños que llevaban las canadienses no viajarían como adoptados por parejas, sino como turistas que visitarían Canadá con la autorización de sus padres guatemaltecos.
Mulet se vio en dificultades para explicar el envío de los niños al extranjero. A los policías que lo interrogaron les indicó que toda la papelería estaba en regla puesto que las leyes permitían la adopción, y que ni los juzgados de familia ni el Ministerio Público tenían que ver con el destino de los menores. En realidad, estas instituciones eran las encargadas de velar por la legalidad de los procesos y formaban parte de una débil cadena de protección infantil.
En cambio, al juez que lo interrogó, lejos de reconocerle que se trataba de una adopción, como había hecho con los policías, Mulet se lo negó: dijo que sólo estaba dando fe de la voluntad de los pares. Su función, indicó, había sido únicamente autorizar, como notario, escrituras públicas de consentimiento a la adopción.
A Plaza Pública, Mulet aseguró que existía la posibilidad de enviar a los niños al extranjero en un primer tiempo, para después formalizar las adopciones en Guatemala, que era común y avalado en la época.
Esta posibilidad ha sido rechazada por fiscales, abogados y jueces de familia entrevistados para la investigación y algunos incluso aseguran que nunca antes habían visto un procedimiento semejante.
Documentos de la Secretaría de Bienestar Social atestiguan que incluso cuando empleaba métodos más laxos, Mulet solía abandonar los procesos a medias y los niños quedaban en un limbo legal, algunos incluso durante 17 años.
Los documentos judiciales estudiados por Plaza Pública muestran que la red de adopciones a la que pertenecía Mulet estaba muy bien estructurada.
Por un lado, disponía de una mujer encargada de localizar y convencer a jóvenes madres de escasos recursos para que entregaran a sus hijos en adopción. Esta era Ofelia Rosal de Gamas, cuñada del general Oscar Humberto Mejía Víctores, presidente de facto de Guatemala de 1983 a 1985.
Por otro lado, la red tenía un pie en Canadá por medio de la asociación Les enfants du soleil (Los Niños del Sol) y de su asesor legal, el abogado Jean Francoeur. Esta asociación ayudaba a las parejas canadienses en sus trámites de adopción, las remitía hacia Edmond Mulet y las acompañaba en su viaje a Guatemala.
Tras quince días de prisión, todos los capturados fueron liberados y poco después, las canadienses pudieron salir del país. Sin embargo, la investigación en contra de Mulet siguió adelante, y el juez Ramiro Guerra Figueroa solicitó un juicio en contra del abogado.
Una corte de apelaciones rechazó la solicitud por vicio de forma y finalmente, cerró el caso en 1982. Un documento policial de 1984 indica que el proceso se cerró por presiones políticas.
En 1984, Edmond Mulet volvió a tener problemas con la justicia. Esta vez, la policía capturó en Boca del Monte a una pareja que cuidaba a un niño ajeno. La mujer dijo que el niño estaba destinado a ser adoptado y que lo estaba cuidando por encargo de Edmond Mulet, quien le pagaba Q50 mensuales, más Q25 para la alimentación.
Agregó que el abogado solía pagarle a mujeres solteras que resultaban embarazadas y a prostitutas para que éstas le entregaran sus hijos. Este caso tampoco llegó a los tribunales y Mulet no fue llamado a declarar.
