Argentina despertó este lunes conmocionada por la muerte de Alberto Nisman, el fiscal que acusó a la presidenta Cristina Kirchner de "encubrir" a Irán en la causa por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires.
La muerte de Nisman, encontrado el domingo junto a un arma en su apartamento, parece un "suicidio", dijo el secretario de Seguridad Sergio Berni, poco después de que la fiscal que lleva el caso pidiera "prudencia".
La muerte de Nisman fue anunciada la madrugada del lunes, día en el que Nisman debía comparecer ante el Congreso para explicar su denuncia contra la Presidenta Kirchner y su canciller Héctor Timerman.
El fiscal Nisman, de 51 años, acusó el miércoles a Kirchner, Timerman y otros funcionarios de haber tramado una "maniobra" para "encubrir" a Irán por su supuesta implicación en el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.
Ese día, Fernández, en nombre del Gobierno de Kirchner, consideró la denuncia "ridícula".
Fein confirmó que el fiscal fue hallado por su madre, tras ser contactada por los custodios personales del fiscal -10 agentes de la policía en total-, quienes alertaron a la familia ante su falta de respuesta a los insistentes llamados telefónicos el domingo.
El cuerpo del fiscal se encuentra en la morgue para establecer las causas de su muerte.
Nisman había sido designado en 2004 por Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa AMIA, un año después de que un juicio fuera anulado por irregularidades en la investigación.
La denuncia
Nisman pidió que se investigara a Kirchner, que supuestamente habría favorecido la firma en 2013 de un Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán para poder interrogar a los acusados en un tercer país y avanzar en una causa estancada desde hace 20 años.
La acusación de Nisman fue el último de una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios con la justicia argentina sobre el esclarecimiento de este atentado.
Además de la indagatoria, Nisman había pedido un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) de Kirchner, de Timerman y otros funcionarios.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), ONG a la que están adheridas 140 instituciones judías de la nación sudamericana, se dijo "consternado" por la muerte del fiscal con el que se reunieron el jueves.
Según el fiscal, la posición del gobierno de Kirchner obedecía a su interés "por el petróleo iraní" porque "se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado".
El gobierno rechazó la denuncia del fiscal, lo calificó de mentiroso y atribuyó la actuación de Nisman a una operación de los servicios de inteligencia.
"Afrenta a la institucionalidad"
La diputada opositora Patricia Bullrich afirmó que este suceso "era una grave afrenta a la institucionalidad del país".
La diputada dijo que el sábado habló con Nisman por teléfono en tres ocasiones y le mencionó que había recibido amenazas.
"Dijo que se sentía tranquilo y así contó que se lo explicó a su hija de 15 años", dijo la diputada en declaraciones al canal C5N.
Para la audiencia de este lunes el fiscal solicitaba que su comparecencia fuese en privado, pero parlamentarios oficialistas exigían que fuera pública y transmitida por televisión.
Acusación "vil" según el gobierno
El gobierno argentino rechazó la que calificó de "vil" denuncia del fiscal, dijo el jueves Timerman.
La firma de un memorándum de entendimiento con Irán —denunciado como "inconstitucional" por la AMIA y otras organizaciones judías — tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, integrada por unos 300 mil miembros, la mayor de América Latina.
El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.
Desde marzo de 2012 espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de "encubrimiento agravado" de la llamada "conexión local", que dio la logística para perpetrar el atentado.
