El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, deberá enfrentar a la justicia como cualquier otro ciudadano. Este martes, los diputados atendieron la recomendación de la comisión pesquisidora y le retiraron la inmunidad para que el Ministerio Público (MP) lo investigue por sus presuntos vínculos con el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
136 legisladores votaron a favor de dejar sin antejuicio a Charchal. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad aún no ha resuelto un amparo con el que Charchal busca blindarse. Según el magistrado, la CSJ no siguió los pasos adecuados al trasladar su expediente al Congreso, por lo que espera que el máximo tribunal del país frene el proceso en su contra.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sostienen que Charchal contactó al exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, por medio de un grupo de operadores políticos denominado "Los Fuchos" para pedirle apoyo para llegar a la CSJ.
Monzón habría cobrado el favor pidiéndole a Charchal que interviniera para obtener una resolución favorable para TCQ en un juzgado de Escuintla, con el que evitó el pago de 24 millones de quetzales de licencia de construcción. Sin embargo, Charchal niega haber tenido participación y señala que cuando la sala de Escuintla concedió el amparo, él no era magistrado de la CSJ.
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Al no gozar de privilegios ante la justicia, el MP podría solicitar en las próximas horas el arraigo de Charchal para que no pueda salir legalmente del país, como lo hizo la fiscalía tras la renuncia de Baldetti y cuando al exmandatario Otto Pérez Molina le fue retirada la inmunidad.
El exbinomio presidencial se encuentra vinculado a este caso junto a representantes de TCQ, sindicalistas y el entonces interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, quien permanece prófugo de la justicia en Estados Unidos.
