Luego de una fuerte discusión entre diputados, el Congreso de la República aprobó la convocatoria para que los profesionales del derecho participen en un proceso de selección para elegir al nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), luego que esta rechazara al que el Legislativo había nombrado anteriormente.
En junio de este año, el Congreso nombró sorpresivamente a Manuel Duarte como miembro titular de la CC. La votación fue liderada por las bancadas de Lider y PP, y en ese momento se criticó que estos buscaban favorecer a Otto Pérez Molina, por el tema del antejuicio que ya se discutía en el pleno de magistrados de la CC.
Sin embargo, Duarte era empleado del Congreso y había pedido permiso para ausentarse de sus labores para desempeñarse como magistrado en la CC, lo cual no fue aceptado por los magistrados y su nombramiento fue rechazado.
Antes de iniciar la discusión por artículos de la reforma a la Ley de Contrataciones, la junta directiva del Congreso propuso leer la notificación de la CC, que había sido enviada el 19 de octubre.
Duarte fue electo por el Congreso en sustitución de Alejandro Maldonado, quien asumió como vicepresidente del país, y que luego fue nombrado presidente, tras la renuncia de Otto Pérez.
Discusión en el pleno
Mario Taracena, diputado de la UNE, vociferó que se buscaba, de nueva cuenta, contar con un voto a favor de los intereses de las bancadas mayoritarias en el Congreso, es decir, Lider y PP, pues varios diputados de estos bloques tienen procesos de antejuicio abierto.
Por su parte, Pablo Duarte, diputado Unionista, explicó que es mandato legal del Congreso realizar dicha selección, aunque sea “falsa”, aunque engañen a todo el mundo que se elegirá al mejor profesional, pero el Congreso debe acatar sus responsabilidades y no dejar para otro día algo que es importante.
Manuel Barquín, diputado de Lider y quien tiene proceso de antejuicio, explicó que el Congreso debe elegir cuánto antes al magistrado titular de la CC, y señaló que no lo hacía por su proceso legal, que él mismo resolverá en los tribunales, sino porque es un deber del Congreso acatar lo que dicta la CC.
