Durante la campaña electoral, el actual Presidente Otto Pérez Molina hizo varias promesas. Entre ellas, Soy502 ha elegido cinco que el actual gobierno no podrá cumplir en el único año que le resta a la administración del Partido Patriota: reducir la desnutrición crónica en un 10%, mejorar el acceso a la salud, dar mayor alcance a los programas sociales, combatir la corrupción y mejorar la percepción de seguridad.
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Pese a que el Gobierno califica como satisfactorios los avances en algunas de estas promesas, no logrará cumplirlas antes de que acabe su mandato pues los desafíos son demasiado grandes.
El actual Gobierno implementó el plan Hambre Cero y prometió reducir la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años en un 10%. Sin embargo, el mismo Pérez Molina lo aseguró, solo lograrán alcanzar un 6% de lo planteado.
El combate a la desnutrición se encuentra bajo el mando de siete instituciones públicas, las cuales a noviembre del año pasado contaban con 6 mil 144 millones de quetzales en recursos para este fin. Los casos detectados de desnutrición aguda en menores de 5 años fueron 13 mil 919.
Sin embargo, analistas cuestionan las cifras, los métodos con los que éstas se obtienen y, principalmente la contabilización de muertes por desnutrición, ya que según una investigación periodística de Plaza Pública, éstas son muchas más de las que el Gobierno reporta.
Durante la campaña presidencial de 2011, Pérez Molina realizó un "spot" publicitario en un hospital, en el cual aseguró que habría mejor acceso a la salud y que los hospitales contarían con medicinas.
Actualmente, el sistema de salud pública se encuentra en crisis: desabastecido, paralizado de forma intermitente por impago a médicos y enfermeras y sumido en escándalos de corrupción por parte de sus altas autoridades.
Los programas sociales iniciaron con el Gobierno pasado y el actual prometió que llegarían a más personas y que éstas serían mejor seleccionadas según sus necesidades. Pese a que se logró instituir el Ministerio de Desarrollo Social y que se lograron mejorar los métodos de transferencias presupuestarias, la cobertura no ha crecido; al contrario, ésta se redujo.
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El programa "Mi Familia Progresa" alcanzó a 887 mil 972 familias en todo el país, según el último informe de Gobierno de Álvaro Colom. Mientras, el actual Gobierno cubrió a noviembre del año pasado, 682 mil 592 familias. La cobertura se redujo alrededor de un 30%.
Los señalamientos de falta de transparencia y despilfarro de los recursos han abundado durante el actual Gobierno, lo cual hace que la promesa del mandatario de combatir la corrupción quede pendiente. Uno de los casos más sonados de señalamientos es la red de corrupción que operaba en el Sistema Penitenciario bajo la dirección del reo Byron Lima.
Además de este caso, resaltan adquisición de vehículos y la realización de compras innecesarias, funcionarios públicos que favorecen en las contrataciones a empresas vinculadas a ellos, entre varios señalamientos más.
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Por otro lado, la elección de los Magistrados de Sala estuvo plagada de escándalos luego que una de las juezas reelectas denunciara las presiones ejercidas por el diputado oficialista Gudy Rivera, y un dirigente y abogado del Partido Patriota, Vernon González Portillo, asesor de la Registradora de la Propiedad, Anabela de León.
La principal promesa de campaña de Pérez Molina, la “Mano Dura” ha sido cuestionada por el público durante los últimos tres años. En este rubro ha habido avances pero no los suficientes como para que la población se sienta segura para caminar por las calles sin miedo. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, pasó de 34 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2013, a 31.6 a finales de 2014. Vale la pena destacar que esta tasa en 2012 era de casi 40 homicidios por cada 100 mil habitantes.
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También se reconoce el incremento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la creación de fuerzas de tarea, así como unidades de seguridad para respuesta inmediata.
Pese a ello, la población no se siente segura. En términos de la gestión se cuestiona la compra de 33 mil armas sin licitar. Además, está el caso de corrupción entre Byron Lima y el Sistema Penitenciario que arrastró al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien fue defendido por Pérez Molina.
