La lideresa del movimiento social La Puya en resistencia Yolanda Oquelí, fue beneficiada con el cierre del proceso penal que en 2012 inició la minera El Tambor, ubicada en San José del Golfo, por la retención de empleados.
Sin embargo el juez sí abrió proceso contra otros cuatro comunitarios por detenciones ilegales, coacción y amenazas.
La audiencia de primera declaración se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, donde el juzgador decidió que la causa penal debe continuar para Fernando Castro, Francisco Carrillo, Gregorio Catalán y Chevo Morales, pero no los envió a prisión sino les fijó el arresto domiciliar.
En 2012, un grupo de comunitarios retuvo a empleados de la minera lo que ocasionó que estos presentarán la denuncia según ellos por las constantes amenazas que fueron objeto. Por el caso otras tres personas ya fueron sentenciadas a nueve años de cárcel.
