El derecho de antejuicio es la protección que tienen varios funcionarios que les impide ser fruto de una investigación o ser aprehendidos sin enfrentar un proceso previo. Esto ha sido señalado como un foco de impunidad, principalmente en los gobiernos locales.
Siguiendo la postura de la Fiscal General, el jefe de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez señaló que "la aspiración final debe ser la eliminación del antejuicio". En un primer momento en su declaración se refirió a los alcaldes, pero continuó hablando de otros funcionarios como diputados y gobernadores.
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Velásquez apuntó que el antejuicio es un obstáculo que se ha encontrado a la hora de poder investigar estructuras criminales incrustadas en las administraciones y que sería "saludable" su eliminación, aunque ese es ya motivo de reflexión en las mesas de diálogo.
Con este punto de vista, se oponen a la postura de Jimmy Morales, quien el pasado sábado en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) se comprometió a luchar por ese derecho.
"Todos creen que si no hay antejuicio todos los alcaldes van a quedar presos y que esto se va a convertir en una persecución política", explicó Velásquez justificando la oposición.
Sin embargo, propuso que se fortalezcan las instituciones para que no haya tanta desconfianza, y que tanto los ciudadanos como los fiscales actúen conforme a lo que dicta la ley.
"En otros países no existe antejuicio y no estan presos sus diputados y alcaldes", señaló.
La propuesta
Otra opción de cara a que no se elimine el derecho de antejuicio es una figura intermedia.
Velásquez propuso que se puedan adelantar las investigaciones en todo los sentidos incluyendo escuchas y otros mecanismos para poder tener pruebas realmente fundadas.
"El problema que hemos visto es que no se puede investigar, se hace la solicitud para quitar el antejuicio y se rechaza porque no hay elementos que soportan la acusación y eso favorece que haya una gran impunidad", añadió el titular de la CICIG.