CICIG: Guatemala es un país con el 95% de impunidad electoral

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Guatemala es un país con un alto nivel de corrupción durante los procesos electorales, principalmente en la campaña política en el tema de recursos económicos, en los cuales no se reportan delitos electorales y tampoco se realizan denuncias sobre financiamiento ilegal electoral, con un 95% de impunidad, informó este jueves la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Durante la presentación del documento El Financiamiento de la Política en Guatemala, Iván Velásquez, titular del ente internacional, dijo que el análisis realizado en las elecciones pasadas y en los informes presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se concluyó en que la mayoría de partidos políticos gastaron al menos 300 millones de quetzales más de lo reportado. 

Velásquez recordó que el Ministerio Público (MP) no tiene los recursos suficientes para atacar los delitos electorales y por lo tanto es "difícil atacar un sistema perverso electoral" que ha modificado la forma de actuar de los partidos políticos. 

Recordó los recientes casos de corrupción expuestos y en donde dos diputados del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza, en conjunto con el vicepresidenciable para esa agrupación, Edgar Barquín, utilizaron sus influencias para utilizar recursos del Estado para finciar su actual campaña política. 

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El informe señaló también los "monopolios" de televisión y radio que ayudan con "publicaciones y pauta disfrazada de noticias" para incidir en la decisión ciudadana del voto y por lo tanto recibir beneficios de "protección" cuando el partido o candidato llegue al poder. 

Valásquez señaló a Gustavo Alejos como uno de los principales financistas durante la campaña que llevó a la presidencia a Álvaro Colom y que luego recibió beneficios en empresas y llevó a su hermano Roberto Alejos al Congreso. 

De la misma forma, en el gobierno del FRG, la misma función cumplió Álvaro Llort Quiteño, y con estos dos ejemplos explicó Velásquez el papel de los "Recaudadores" en los partidos políticos.

"Todos han generado un entrampado de corrupción, con estructuras que saquean el erario público para financiar campañas políticas", afirmó el jefe de la CICIG. 

Asimismo, señaló a las redes criminales que se financian de fondos públicos y que a la vez financian a partidos políticos, como fue el caso del Gobierno de la UNE, con Gloria Torres (hermana de la actual presidenciable, Sandra) y Obdulio Solórzano (exdirector de Fonapaz y asesinado durante ese Gobierno) como figuras visibles.

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También criticó el sistema caudillista, sobre todo de alcaldes y diputados distritales, que forman estructuras locales y se benefician luego con financiamiento para sus constructoras y sus organizaciones no gubernamentales (ONG) como pago de favores.

En cuanto al excesivo financiamiento, Velásquez señaló que en las anteriores elecciones, unos 300 millones de quetzales no se reportaron en campaña por parte de los dos partidos que fueron a segunda vuelta, PP y Lider, aunque también señalaron a la colación UNE-GANA del gasto excesivo.

En conclusión, Velásquez criticó que los partidos políticos se formaban en torno a conseguir financiamiento y no con fines democráticos.

El informe finalizó con una serie de recomendaciones dentro de las que sobresale la creación de una fiscalía especial para perseguir delitos electorales y la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, presentadas por el Tribunal Supremo Electoral, mismas que este miércoles fueron enviadas a comisión por los diputados, evitando así aprobarlas de urgencia nacional.