La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió este lunes provisionalmente la entrada en vigencia del impuesto a la telefonía móvil, aprobado por el Congreso hace un mes y que causó revuelo en las empresas de telecomunicaciones.
La ley provocó que las empresas Tigo, Claro y Telefónica, presentaran el pasado 19 de diciembre un amparo ante la CC para que el impuesto de 5 quetzales por cada línea de teléfono fuese derogado y así impedir que la nueva medida entrara en vigencia a partir del 1 de enero.
La CC resolvió suspender temporalmente la entrada en vigencia de los artículos 62 al 75 del Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2015, los cuales contienen las disposiciones del impuesto a la telefonía.
Los abogados de las empresas impugnaron el impuesto basándose en que no se pueden aprobar nuevos impuestos o modificarlos dentro de algún proyecto de presupuesto.
Se pierden Q1 mil 344 millones
Con el impuesto a la telefonía que fue aprobado por el Congreso dentro del Presupuesto para 2015, se pretendía que el Estado recibiera más de 1 mil 344 millones de quetzales para financiar el gasto del próximo año. De ratificarse la derogación de este impuesto, el Gobierno iniciaría el año con un déficit.
Tras la aprobación de este tributo, las empresas de telecomunicaciones devolvieron a la SIT 6 millones de líneas de teléfono que no habían sido vendidas, con el fin de reducir el pago del impuesto y evitar pérdidas. Lo anterior ya le habría significado al Gobierno una reducción en la captación de este impuesto.
De entrar en vigencia el impuesto, las empresas de telecomunicaciones cancelarían otros 6 millones de líneas que consumen menos de 10 quetzales de saldo mensuales.
La CC tiene pendiente conocer los amparos interpuestos por la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), en los que se pide la derogación de los artículos que permiten la contratación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), y la eliminación de los Certificados de Disponibilidad Financiera (CDF).
Con buenos ojos
Acisclo Valladares, presidente de la Gremial de Empresas de Telecomunicaciones, explicó que la resolución de la CC es vista con buenos ojos, pero continuarán vigilantes hasta que la derogación del impuesto sea definitiva.
Valladares adelantó que podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad para pedir la derogatoria definitiva de dicho impuesto a la telefonía. Sin embargo, este es un escenario que la gremial aún analiza.
