La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente algunos artículos del Decreto 22-2014, referente al Presupuesto General del Estado 2015, con lo que elimina la posibilidad de contratar ONG por parte de Cocodes y de poder adquirir un bien o servicio sin tener disponibilidad financiera.
El Decreto 22-2014 también incluía algunas medidas fiscales y aprobación de financiamiento para el 2014. Las partes suspendidas fueron los artículos 56 y 57, así como párrafos del artículo 33 y del 58.
El párrafo del artículo 33 suspendido fue el siguiente: “Los recursos provenientes de la colocación de Bonos del Tesoro aprobados en la presente Ley que financian gastos de funcionamiento, se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto y no podrán incrementarse.”
ADEMÁS: Cámara del Agro acciona en contra del Presupuesto 2015
El artículo de la Ley Orgánica del Presupuesto al que hace mención, establece que “No se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”, por lo que la CC eliminó la posibilidad de que los fondos provenientes de los Bonos del Tesoro se utilicen para gastos de operación.
El Artículo 57 del Presupuesto 2015, que fue suspendido por la CC sobre los Comprobantes de Disponibilidad Financiera (COF), establecía que “Las entidades del sector público no estarán obligadas a emitir los Comprobantes de Disponibilidad Financiera (CDF), que establece el articulo 26 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto”, por lo que se elimina la posibilidad de que se adquiriera un bien o servicio sin tener asignación presupuestaria.
El Artículo 56, que también fue suspendido, establecía la posibilidad de que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Cocodes) pudieran establecer convenios de ejecución de proyectos de inversión de obra física con organizaciones no gubernamentales (ONG).
El artículo suspendido establecía literalmente lo siguiente: “Los Consejos Departamentales de Desarrollo quedan facultados para suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales, para la ejecución de proyectos de inversión de obra física. No les será aplicable lo que establece el segundo párrafo del articulo 33 Bis. del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. No obstante, se deberá cumplir con lo que estipula el articulo 45 Bis. del Decreto citado y todo lo relacionado con la normativa vigente en materia de inversión pública.”
Por último, se suspendió también el siguiente párrafo del artículo 58, que dictaba: “Las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación; Salud Pública y Asistencia Social; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones, con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública.”
El Secretario General de la CC, Martín Guzmán, dio a conocer que las acciones de inconstitucionalidad conocidas por el pleno de magistrados fueron presentadas por empresarios de la Cámara del Agro (Camagro) y las abogadas particulares Rosa María Montenegro Porta de Garoz y Annie Dougherty Arévalo.
Asimismo, informó que la acción presentada ayer miércoles por el CACIF no fue conocida por los magistrados y será hasta la próxima semana que lo hagan.
Guzmán agregó que el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, presentó esta mañana una acción de inconstitucionalidad contra los un mil 965 millones asignados al Ministerio de Comunicaciones que no cuentan con destino específico.
